Colombiamayo 26, 2021hace 2 años

Corte Suprema pide al comité del paro, Gobierno y políticos reconocer responsabilidades por manifestaciones y su solución

El alto tribunal hizo un llamado para que los actos de violencia se detengan de inmediato

Corte Suprema hace llamado para detener la violenciaFoto: AFP / Joaquín Sarmiento

En un escueto comunicado, la Corte Suprema de Justicia le hizo un fuerte llamado de atención a los integrantes de la mesa de negociación, comité del Paro Nacional y Gobierno, además, a los líderes políticos del país, a reconocer su responsabilidad para poder detener los hechos de violencia que se registran en el país.

También les hace un llamado para que "rechacen enfáticamente los abusos de todo tipo, la destrucción del tejido social y la economía del país, al igual que los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos, así como el bloqueo de carreteras, en el propósito de apaciguar la alteración social que empaña el ejercicio de los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica, y detener, de una vez por todas, la pérdida de vidas humanas".

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Por otra parte, el alto tribunal, presidido por el magistrado Luis Antonio Hernández, se refirió al más reciente ataque registrado en Tuluá al Palacio de Justicia municipal. Señala que en momentos tan críticos como los que atraviesa el país, las sedes de la justicia son las casas de protección democrática de los colombianos.

"La Corte Suprema de Justicia rechaza rotundamente la destrucción del Palacio de Justicia Lisandro Martínez Zúñiga de Tuluá - Valle del Cauca, al igual que episodios similares como los registrados también en las sedes judiciales de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cundinamarca, Medellín, Neiva, Pasto, Popayán, Santa Rosa de Viterbo, La Plata y Villavicencio", dice la misiva.

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En esta declaración la Corte Suprema de Justicia también hace un a que los actos violentos registrados en el marco de las protestas en Colombia deben parar de inmediato.

Sostiene además que los ataques a edificios de la rama judicial "ponen en peligro la integridad de los funcionarios y empleados, quebrantan la indemnidad de la justicia e impactan los ya escasos recursos con los cuales funciona. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución".

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