Paz total: ¿qué pasa si la Corte Constitucional tumba la ley del Gobierno?

La Corte Constitucional dio a conocer que el 22 de agosto se hará la audiencia pública en la que se evaluarán las tres demandas interpuestas y que buscan tumbar la ley 2272 de 2022, más conocida y catalogada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro como paz total.

Esta ley es la modificación y prorroga que se le hizo a la 418 de 1997 que establece y define la política de paz como una política de Estado.

En la audiencia, la Corte buscará escuchar a todas las partes involucradas en la aprobación de la ley, también de quienes consideran que su trámite estuvo alterado y dilatado en el Congreso de la República.

Durante la discusión serán abordados ejes como el análisis de las violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, la facultad constitucional de tener acercamientos y conversaciones con grupos armados y exintegrantes de estos y el caso puntual del presidente de poder designar como voceros a integrantes de esas estructuras ilegales.

En la audiencia estarán funcionarios del Gobierno, la Fiscalía General, la Procuraduría y organizaciones y personas expertas en temas de paz y negociaciones.

¿Qué pasa si la Corte tumba la ley de paz total?

La Corte tiene la potestad de, ante hechos y material contundente, tumbar la ley del Gobierno, esto por posibles vicios en su trámite.

Constitucionalistas consultados por Noticias RCN.com explicaron que la decisión de la Corte podría estar fundamentada en que se prueben problemas en el procedimiento legislativo que deriven en un inconstitucional total. 

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Los casos y cargos que presente cada una de las demandas deberán ser estudiados por la Corte, esto comenzará en la audiencia.

Para el constitucionalista y director de investigaciones de la Universidad de América, Luis Fernando Sánchez, la decisión de la Corte no debería demorar mucho tiempo por la magnitud del tema en el cual se definirá si pasa legalmente o si el Gobierno debería volverla a presentar de cero.

“El Gobierno ha sido desorganizado, se entiende la finalidad de por qué y para qué de la justicia y la paz, pero hay unos pasos, unas formas en el debido proceso que tienen que hacerse, que el Ejecutivo no altere el equilibrio de los poderes”, explicó Sánchez.

¿Qué contempla la ley?

En caso de ser tumbada, al Gobierno se le dificultaría y, en algunos casos, no podría continuar teniendo acercamientos con los grupos armados que se dividen en dos procesos: los que podrían tener negociaciones de carácter político de los cuales se pueden pactar acuerdos de paz y con los que se haría un sometimiento a la justicia y desmantelamiento.

Un detalle relevante que le permite la ley al Ejecutivo es entender “como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano”.

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La negación de la paz total también impediría designar a voceros y representantes de grupos armados para participar en diálogos y conversaciones con el Gobierno.

“Se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos”, establece la ley.