Polémica por traslado de López y Pinilla a La Picota: ¿se pone en riesgo su colaboración con la justicia?
En diálogo con este medio, el abogado Francisco Bernate habló sobre la decisión y en qué afecta la negociación que se llevaba con la Fiscalía.
Noticias RCN
05:59 p. m.
El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla desde instalaciones militares a la cárcel La Picota ha generado un intenso debate sobre los límites entre medidas de protección y privilegios carcelarios.
Traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla generan debate
En diálogo con Noticias RCN, el abogado Francisco Bernate reconoció que el Gobierno tiene razón al cuestionar el uso de centros de reclusión militar para civiles. "Nos habíamos acostumbrado a que civiles estaban en lugares de reclusión que están establecidos para integrantes de la fuerza pública", afirmó Bernate, señalando que "el presidente de la República le asiste la razón en trasladar a estas personas a una penitenciaría".
Sin embargo, el experto identificó dos elementos críticos en este caso. Primero, existe una decisión judicial que dispone la reclusión de estas personas en lugares especiales debido a su condición de seguridad. Segundo, el Estado colombiano adquirió un compromiso: "Si había un proceso de colaboración, ellos iban a tener un lugar especial de reclusión", explicó Bernate.
La situación se complica porque en La Picota están recluidos precisamente quienes fueron señalados por López y Pinilla, como Iván Name, Andrés Calle, entre otros. El juzgado 35 de garantías y el juzgado décimo especializado habían advertido sobre un "riesgo extremo" debido a la calidad de sus declaraciones.
Bernate advirtió sobre las implicaciones para futuros procesos de justicia premial: "Se estaría enviando un mensaje a las personas que eventualmente quieran colaborar con la justicia, que no es el que corresponde y es el Estado colombiano incumpliendo un compromiso".
El penalista señaló que desde el inicio del actual Gobierno estos traslados han ocurrido, ya que el INPEC es dependencia del Ministerio de Justicia. Respecto a las declaraciones ya rendidas, indicó que "son ya una prueba" y pueden utilizarse, salvo que tengan declaraciones pendientes.
Sobre el equilibrio entre protección y privilegios, Bernate fue claro: "Hemos venido abusando de la figura" desde casos como el de Samuel Moreno, quien estuvo recluido en una estación de policía. "El Gobierno acierta en terminar con esos beneficios", afirmó, pero advirtió que "eso no puede llevar a modificar situaciones que tienen un sustento judicial".
¿La decisión afecta el acuerdo de colaboración con la justicia?
El experto anticipó que la situación "pasará por una decisión judicial”, probablemente mediante una tutela, y será un juez quien determine la última palabra.
También enfatizó que el traslado no justifica incumplir los acuerdos: "No es que, como ahora estamos en una cárcel, ya no vamos a declarar. Eso es inadmisible".
Bernate concluyó reconociendo la dualidad del caso: "El mensaje del gobierno es acertado. Esto no puede volverse un privilegio para este tipo de delincuentes", pero insistió en que debió considerarse la orden judicial existente y los acuerdos previos con la justicia.
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