Policía brindará seguridad a jueces amenazados en Tuluá, hasta que UNP adopte medidas

La rama judicial en Tuluá denunció recientemente amenazas de un grupo criminal en contra de fiscales y jueces que habrían recibido panfletos en los que eran declarados objetivo militar por ejercer sus funciones. Por este motivo, se realizó una mesa de seguridad en la que participó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, el alcalde de Tuluá, John Gómez, y la presidente del Tribunal Superior de Buga, Consuelo Piedrahita. 

Las conclusiones de la mesa de seguridad en Tuluá 

A este encuentro también asistieron las autoridades y otros funcionarios. En el marco de la conversación que se desarrolló, se estableció que la Policía prestará seguridad a los jueces que han sido amenazados hasta que la Unidad Nacional de Protección adopte medidas, además se reforzarán los controles en las sedes judiciales y se activará un plan padrino para los jueces del circuito de Tuluá.

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“La presidente del Tribunal Superior de Buga, Consuelo Piedrahita Álzate, se comprometió con el ejercicio legal de crear la comisión de claveros y escrutadores para las elecciones del 29 de octubre de 2023 y se prestará seguridad a los servidores judiciales que participen en dicha jornada”, se lee en el comunicado. 

Corte Suprema había pedido protección para servidores judiciales del país

Luego de conocerse las amenazas a los funcionarios, la Corte Suprema de Justicia pidió una respuesta de las autoridades competentes para brindar seguridad a estos servidores. 

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“La solución idónea y oportuna a esta grave situación, observada en atentados como el perpetrado la noche del 12 de septiembre contra la sede de los juzgados penales de Tuluá, debe comprender la garantía de la vida e integridad de los servidores judiciales amenazados, el ejercicio autónomo e independiente de la función judicial en todo le país y la salvaguarda de las sedes de la justicia”, dice el comunicado de la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal aseguró que confiaba en la capacidad coordinada de Fiscalía, Consejo Superior de la Judicatura, Fuerza Pública y Gobierno Nacional, para enfrentar las amenazas violentas.