Presidente Petro pide recovar sentencia del Consejo de Estado que reguló las alocuciones

A través de su abogado Alejandro Carranza, el presidente Gustavo Petro le pidió al Consejo de Estado revocar la sentencia en la que afirmó que estaba haciendo un uso desmedido de las alocuciones.

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Luego de darle respuesta a una serie de tutelas contra las alocuciones del mandatario, el alto tribunal le ordenó al presidente hacerlas, pero cumpliendo con lo siguiente:

Alocuciones limitadas en justificación, tema y tiempo

“La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. La alocución debe ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, la solicitud que se presenta ante la CRC debe ser detallada temática y no con una referencia genérica al asunto a tratar. En lo temporal, la solicitud debe indicar hora de inicio y terminación que no podrá corresponder a un periodo irrazonable o notoriamente excesivo”.

Frente a esto, se pidió que la sentencia se revoque. “Solicito que en sede de segunda instancia se revoque dicha providencia (…) La cuestión que se plantea trasciende a la coyuntura política y el desacuerdo con un Gobierno determinado”, indicó el abogado, señalando que la decisión incide en la esfera jurídica del mandatario.

“Se altera el equilibrio de poderes”: cuestionamientos de la defensa de Petro

La sentencia condiciona el ejercicio de su libertad de expresión a la autorización previa de un órgano administrativo, lo expone al riesgo permanente de que su voz sea interrumpida en vivo por una entidad técnica (…) Se altera el equilibrio de poderes.

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CRC ya respondió al control sobre las alocuciones presidenciales: ¿qué dijeron?

Carranza recordó el proceso que tuvo el mandatario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que fue reconocida como víctima luego de ser destituido por la Procuraduría como alcalde de Bogotá.

“Reforzar la transparencia sobre el uso de alocuciones presidenciales, promover la igualdad de oportunidades para la oposición y otros actores políticos en el acceso a los medios y remitir la valoración de posibles abusos a la responsabilidad ulterior”, sostuvo.