Proyecto de ley busca que presos puedan trabajar con empresas desde la cárcel

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó el proyecto de ley 'Cárceles productivas'. Gustavo Moreno es el autor de la iniciativa que busca la resocialización de los privados de la libertad a través del trabajo.

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El gran objetivo es llevar la empresa a las cárceles del país para que los internos tengan oportunidades laborales y conviertan estos lugares en "centros productivos". Contempla incentivos tributarios para las compañías que aporten a la propuesta, y también la exención del IVA para los bienes que se prevé producir en los penales. En

NoticiasRCN.com hablamos con el autor de Cárceles productivas acerca de los puntos clave, las propuestas y la hoja de ruta con la que se plantea ponerlo en práctica una vez sea aprobado en el legislativo. 

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La mejor inversión social para disminuir la violencia es la que se hace a favor de la resocialización y rehabilitación penitenciaria.

¿A qué se refiere con “industrias penitenciarias” y cuál es la hoja de ruta para lograr esto?

La aprobación de nuestro proyecto crea una política pública, marco o sombrilla que amparará la implementación del sistema de productividad penitenciaria. Con la aprobación de la ley, el Gobierno Nacional contará con un instrumento para convocar a diferentes organizaciones del sector público y privado, entre ellas industrias y empresas, para que concurran en la productividad penitenciaria como una herramienta para fortalecer los procesos de rehabilitación y resocialización de los privados de la libertad. 

Aprobada la ley y fijada la reglamentación que la desarrolle, estaremos a la espera de la iniciativa privada, de las empresas y organizaciones sociales que se quieran vincular a los programas de cárceles productivas.

Habla de que los internos trabajen. ¿Cómo se plantea pagar los sueldos y como serían las condiciones laborales?

El proyecto de ley reitera lo dicho por la ley 65/93. Nuestro proyecto de ley no trae nada novedoso en términos de remuneración. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración por mandato constitucional, así esté privado de la libertad. En Colombia están proscritas toda modalidad de esclavitud o trabajo forzado.

En cuanto al salario y las condiciones del contrato, estas deberán fijarse a la luz del artículo 84 y 86 de la ley 65/93, que establece que le corresponde a la Subdirección de desarrollo de habilidades productivas del Inpec evaluar y definir el aspecto laboral - contractual. Insisto, el proyecto de cárceles productivas reitera lo establecido en la constitución y en la ley 65 que fue expedida 30 años atrás.

¿Qué tipos de trabajos serían?

Cualquier tipo de trabajo puede desarrollarse en un centro de reclusión. El reto no es el tipo de trabajo, sino más bien, las actividades industriales, agrícolas y comerciales que entrarán a desarrollarse desde el interior de los centros de reclusión. El proyecto de ley establece que los centros penitenciarios y carcelarios deben adecuarse al sistema de productividad. Será un mandato legal.

Señala incentivos tributarios para empresas que inviertan en cárceles, lleven sus máquinas y demás: ¿cuáles serían?

Son beneficios e incentivos administrativos y tributarios:

1. Descuento del 50% en la renovación de la matrícula mercantil
2. Descuento del 25% en trámites administrativos ante las entidades del orden nacional
3. El reconocimiento del sello de segunda
4. Descuento igual al valor de los salarios pagados para efectos del impuesto de renta y un 25% de rebaja por las inversiones que hagan en ‘Cárceles productivas’.

Menciona que los bienes producidos en la cárcel no tendrían IVA para incentivar la compra, pero más allá de eso, ¿cómo impulsarían el mercado de lo que se produzca?

La exclusión del IVA para bienes que se produzcan, confeccionen o elaboren al interior de las cárceles fue un logro que alcanzamos en la reforma tributaria. En el artículo 94 quedó establecida la exclusión del IVA para dichos productos y al Gobierno Nacional le corresponde reglamentar lo concerniente a la forma en cómo estos productos han de identificarse en el mercado para que queden excluidos del IVA.

¿Qué opina de modelos de políticas de seguridad como el de Nayib Bukele, específicamente en su trato a los privados de la libertad?

Que es nefasto y no es coherente con el sistema de DDHH. Nosotros le apostamos a un modelo cuyo pilar es la resocialización y la reinserción social y entonces creemos en las segundas oportunidades. El modelo opresivo y reaccionario en Colombia no ha mostrado resultados.

¿Por qué creer en la resocialización?

Yo, desde mi experiencia, con las múltiples visitas que he realizado en las cárceles, veo y soy testigo de muchos talentos, sueños, anhelos y ganas de salir del entorno delictivo, pero lo que no veo es voluntad política y, mucho menos, un sistema y una sociedad que le ofrezca una vida lejana del crimen a quienes se equivocaron; una segunda oportunidad de verdad, no un subsidio ni un programa social, sino herramientas para que el pospenado pueda ser productivo para él, para su familia y para la sociedad.

¿Su iniciativa incluiría a homicidas, abusadores sexuales y personas con crímenes considerados más graves?

La iniciativa no discrimina. La resocialización, como derecho de toda persona privada de la libertad y como objetivo de la pena, no es exclusiva para quienes se equivocaron “menos” que otros. Es más, con mayor razón, los delitos más graves son lo que deben estar presentes en estos programas de productividad; son a ellos a lo que queremos llegar.

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