Procuraduría abre investigación contra varios alcaldes por hacinamiento en centros de detención

Este jueves 27 de abril, la Procuraduría General de la Nación comunicó que abrirá una investigación contra los alcaldes de Ibagué, Riohacha, Cali y Valledupar por presunta omisión para evitar el hacinamiento en centros de detención. De acuerdo con la entidad, el porcentaje de hacinamiento en Ibagué llegó al 731%, ya que el cupo para este Centro de Detención Transitorio tiene capacidad para solamente 70 reclusos y el pasado 8 de marzo se registró una ocupación de 512 personas privadas de la libertad.

Según las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco:

“Ya es hora de empezar a irnos por la actuación disciplinaria cuando ya lo preventivo no ha tenido resultados en esta ciudad”. Sin embargo, no solamente esta ciudad está siendo afectada por hacinamiento en el Centro de Detención Transitorio.

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Estos son los otros alcaldes investigados

Del mismo modo, será investigado Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Cali tras una investigación disciplinaria en donde encontraron un hacinamiento del 477% en las estaciones de Policía. Adicional a ello, la población privada de la libertad no está recibiendo los debidos alimentos y están presentando diferentes enfermedades.

Igualmente, en Riohacha se dio inicio a un proceso administrativo en contra de José Ramiro Bermúdez Cotes, alcalde de la capital de la Guajira, por no atender los llamados preventivos de la Procuraduría y se encontró hacinamiento en los Centros de Detención Transitorios del 242%, en donde debían tener solamente a 50 personas y se encontraron el pasado 8 de marzo un total de 121 reclusos.

Por último, será investigado Mello Castro González, alcalde de Valledupar, después de evidenciarse un hacinamiento del 930% en la estación de Policía La Permanente, en donde se encontraron 558 reclusos, pese a que solamente pueden estar 60 personas en las instalaciones.

En estas visitas realizadas por la Procuraduría, también se evidenció que los reclusos no cuentan con lugares adecuados para recibir visitas y los detenidos no pueden acceder a internet para conectarse a sus audiencias judiciales. De esta manera, la entidad les solicitó a los alcaldes a responder por las funciones y compromisos que asumieron en el cargo para dar cumplimiento.

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