Escándalo por contrato de $14 mil millones para cámaras en Bogotá: investigan presuntas fallas
La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra varios servidores y exservidores de la Secretaría de Seguridad.
Noticias RCN
04:57 p. m.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
La indagación se centra en presuntas irregularidades en la planeación y suscripción del contrato SCJ-1904-2023, un proyecto que buscaba fortalecer el sistema de videovigilancia mediante la instalación de cámaras con tecnología de reconocimiento de placas vehiculares (LPR).
Según el análisis preliminar del Ministerio Público, el contrato, cuyo valor supera los 14.300 millones de pesos, presentaría posibles fallas desde su etapa inicial de estructuración.
Procuraduría investiga contrato millonario de cámaras en Bogotá por posibles errores
Dentro de la decisión disciplinaria adoptada por el ente de control aparecen como investigados varios servidores y exservidores vinculados con la Secretaría de Seguridad.
Los nombres incluidos en la investigación son Óscar Antonio Gómez Heredia, César Andrés Restrepo Flórez, Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco.
De acuerdo con el análisis realizado por la Procuraduría, existirían posibles deficiencias en la planeación del contrato, especialmente en aspectos fundamentales para la ejecución del proyecto.
¿Por qué están investigando el contrato de cámaras en Bogotá?
Entre los puntos cuestionados se encuentran la definición de los sitios donde debían instalarse las cámaras, la disponibilidad de acometidas eléctricas necesarias para su funcionamiento, la gestión de permisos para intervenir el espacio público y la estimación del tiempo requerido para ejecutar el contrato.
Para el Ministerio Público, estas situaciones habrían generado retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales, lo que podría haber afectado la eficiencia del proyecto y el cumplimiento de su propósito principal: fortalecer el sistema de videovigilancia en Bogotá.
Ante estas posibles irregularidades, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
El objetivo de estas diligencias es establecer si las dificultades detectadas durante la ejecución podían haberse previsto desde la etapa de planeación del contrato, lo que permitiría determinar si existieron responsabilidades disciplinarias por parte de los funcionarios involucrados.
Además, el ente de control dispuso compulsar copias para investigar en un proceso separado las presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del contrato.
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