“No es posible exigir respeto y mandar a los policías en bolsas”: dura crítica de la Procuraduría
El procurador delegado Samuel Arrieta calificó la decisión del Gobierno de suspender las operaciones contra las disidencias de 'Calarcá' como una “burla” que desmoraliza a la fuerza pública.
Noticias RCN
01:19 p. m.
La Procuraduría General de la Nación ha lanzado fuertes cuestionamientos al decreto del Gobierno que mantiene suspendidas las operaciones ofensivas contra el bloque de alias Calarcá, responsable del asesinato de siete militares en Guaviare.
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El procurador delegado Samuel Arrieta calificó esta decisión como una “burla” que desmoraliza a la fuerza pública y pide acciones concretas para proteger a los uniformados.
"No es posible que sobre la base de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se pida respeto, pero cuando se trata de nuestros policías los mandamos a sus casas envueltos en bolsas y causando el estrago y el dolor de las familias”, declaró Arrieta.
El cuestionamiento principal se centra en la decisión de mantener la suspensión de operaciones militares contra las disidencias de Calarcá.
Según el procurador delegado, esta medida deja inerme a la fuerza pública y confía excesivamente en la palabra empeñada por los negociadores de estas disidencias.
“Prácticamente, dejamos a la fuerza pública inerme y confiando en que la palabra empeñada de los negociadores de estas disidencias iba a cumplirse. Lo que vimos aquí fue un plan aleve, un ajusticiamiento prácticamente de manera”, agregó Arrieta.
La Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa aclarar si el decreto, basado en la buena fe y la confianza de una mesa de negociación, se mantendrá en el tiempo.
“Por eso lo hemos pedido el Ministerio de Defensa, entre otras preguntas, si ese decreto que se ha hecho allí, en la buena fe y en la confianza que da una mesa de negociación, se va a perdurar en el tiempo, se va a mantener”, cuestionó.
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Arrieta advirtió que la situación actual es alarmante, comparándola con la época de Pablo Escobar, “esto no lo veíamos desde la época de Pablo Escobar. Más de 30 muertos hoy en lo que ha ocurrido el año”.
Como medida inmediata, se ha enviado un documento al ministro de Defensa como acción preventiva. Sin embargo, el procurador delegado advierte que el siguiente paso podría ser abrir una investigación disciplinaria contra los funcionarios involucrados, incluyendo al jefe de cartera.
Finalmente, se ha establecido un plazo de tres días para que el ministro Pedro Sánchez entregue al Ministerio Público las explicaciones por los múltiples ataques ocurridos.
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