Protocolo de actuación de la Fuerza Pública en universidades de Colombia: Defensoría se pronuncia
La entidad señaló que es esencial distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones de violencia, como planteó el Gobierno.
Jorge Leonardo Alzate
12:44 p. m.
La Defensoría del Pueblo se refirió al anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella sobre la intención de su Gobierno de establecer un protocolo nacional de actuación "que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades" en universidades del país.
La entidad encargada de promover los derechos humanos destacó, esta vez, en sintonía con el Gobierno, la necesidad esencial de distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones de “violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público”.
En palabras de la Defensoría, es lo que debe orientar el protocolo y cualquier actuación de las autoridades, al igual que el artículo 69 de la Constitución, sobre la autonomía universitaria.
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En medio de una alocución, en la que realizó una serie de anuncios, incluido el de la creación del protocolo nacional de actuación, el presidente De la Espriella advirtió a “quienes pretendan utilizar una universidad para preparar ataques terroristas, almacenar elementos destinados a la violencia, agredir ciudadanos o a miembros de la fuerza pública”.
El mandatario sostuvo que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y” se comprometió a ir tras los violentos, que buscan refugio en las universidades: “Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades”.
Recomendaciones de la Defensoría sobre el protocolo en el que trabaja el Gobierno:
Sobre el protocolo en el que trabaja el Gobierno, la Defensoría advirtió que “toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación”.
La entidad hizo un llamado a no confundir las expresiones de inconformidad, protesta pacífica o disenso político con conductas delictivas o violentas y señaló que la actuación estatal no debe ser ilimitada o dirigirse contra el grueso de la comunidad educativa:
“En los escenarios relacionados con protesta y movilización, el diálogo, la mediación y la persuasión deben ocupar un lugar central. El uso de la fuerza debe ser excepcional y responder a una necesidad concreta”, insistió la Defensoría, en su pronunciamiento.
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