¿Qué cargos enfrenta Carlos Oyola, el funcionario del DNI que habría hackeado la Fiscalía y sistemas electorales?
Carlos Andrés Oyola trabajaba en inteligencia nacional, pese a tener orden de captura por presuntos ataques informáticos entre 2017 y 2023.
Yhonay Díaz
07:22 a. m.
Un funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue capturado en Neiva, Huila, señalado de ejecutar ataques informáticos contra instituciones del Estado y poseer información clasificada que comprometía la seguridad nacional.
Carlos Andrés Oyola, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro y quien simultáneamente trabajaba para la gobernación del Huila, fue detenido en horas de la madrugada del 7 de noviembre.
Lo más grave del caso es que ejercía sus funciones pese a tener una orden de captura vigente, según reveló una investigación del diario El Tiempo.
¿Quién es Carlos Andrés Oyola, el ‘hacker’ de la DNI?
Las autoridades señalan a Oyola como responsable de acciones ilícitas que afectaron a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y a la Fiscalía entre 2017 y 2023.
El funcionario habría ejecutado accesos irregulares a información sensible relacionada con procesos electorales e inteligencia estratégica del Estado.
Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación apunta a que Oyola, presuntamente, poseía una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia del Estado.
Este material le habría permitido acceder a datos clasificados que comprometen la seguridad nacional.
Investigan presuntos nexos de alias Papá Pitufo con el DNI por medio de tráfico de influencias
Los cargos que enfrenta el hacker de la DNI
Carlos Andrés Oyola enfrenta cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.
Las autoridades investigan el alcance real de los datos sustraídos y si otras personas estuvieron involucradas en estas actividades ilícitas.
Carlos Andrés Oyola fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar las afectaciones a las instituciones y establecer si la información sustraída fue compartida con terceros o utilizada para fines políticos o criminales.
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