¿Se enreda el nuevo modelo de pasaportes?: convenio enfrenta procesos judiciales mientras aseguran que avanza con normalidad
La Cancillería insiste en que la producción de pasaportes está garantizada.
Noticias RCN
05:30 p. m.
El proceso para la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia continúa generando controversia.
Aunque el Gobierno asegura que el suministro del documento está garantizado y que la transición se desarrolla con normalidad, el convenio para su producción enfrenta cuestionamientos y procesos judiciales que aún no se resuelven.
Hace pocas horas, la Cancillería emitió un comunicado en el que reiteró que el proceso avanza sin contratiempos y que no existe riesgo para la expedición del documento.
Según el Gobierno, el abastecimiento de pasaportes está asegurado y el modelo que se implementa se desarrolla bajo criterios de transparencia.
No obstante, el convenio que sustenta esta producción continúa siendo analizado en instancias judiciales, mientras distintos organismos advierten sobre posibles riesgos en su estructura financiera y operativa.
¿Qué procesos judiciales está enfrentando el nuevo modelo de pasaportes?
De acuerdo con la información conocida, el convenio para la producción de los nuevos pasaportes enfrenta actualmente dos frentes judiciales que siguen su curso.
El primero corresponde a una acción impulsada por la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se estudian aspectos relacionados con el contrato que respalda la producción del documento.
En ese proceso, el Fondo Rotatorio de la Cancillería presentó un recurso de reposición, argumentando que cualquier controversia relacionada con el convenio debería resolverse ante un Tribunal de Arbitramiento Internacional, tal como lo establece la cláusula compromisoria incluida en el acuerdo.
Mientras tanto, desde la Contraloría General se han señalado preocupaciones sobre el manejo financiero y operativo del convenio.
¿Cuáles son los riesgos?
El contralor delegado para la gestión pública, Luis Abadía, explicó algunos de los riesgos identificados durante el análisis realizado por ese organismo.
Porque la Contraloría General ha identificado riesgos financieros y operativos. No hay una proyección completa de costos por vigencia. El convenio no define valores esenciales. Existe riesgo cambiario por pagos en euros. Asimismo se incorporan intereses y costos como transporte que antes no estaban incluidos. Persisten retrasos en el cronograma que podrían afectar la sostenibilidad de la prestación del servicio.
Estas observaciones hacen parte de las advertencias que han surgido en medio del debate sobre el nuevo modelo de producción de pasaportes.
Paralelamente, el Fondo Rotatorio de la Cancillería también ha manifestado su oposición a otra de las acciones judiciales, al considerar que la demanda presentada no cumpliría con los requisitos legales exigidos.
A pesar de los cuestionamientos y de los procesos en curso, el Gobierno mantiene su postura de que el sistema continúa funcionando con normalidad y que la expedición de pasaportes para los ciudadanos no está en riesgo.
Incluso, desde el Ejecutivo se ha advertido que algunas críticas al modelo podrían generar confusión entre los ciudadanos y afectar un proceso que, según aseguran, se desarrolla de manera transparente.
Por ahora, el futuro jurídico del convenio queda en manos de los tribunales, que deberán definir el rumbo legal de este acuerdo mientras el Gobierno continúa con la implementación del modelo para la producción de los pasaportes colombianos.
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