Gobierno habría ignorado solicitud de canje para liberar a los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN
Temen que el "juicio revolucionario" anunciado por el ELN termine en tragedia, como ha ocurrido antes.
Noticias RCN
09:03 a. m.
El secuestro de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de dos policías en Arauca está en el ojo del huracán.
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Esto porque tras meses de silencio, el grupo armado comunicó que los mantendrá retenidos durante siete años más, bajo la figura de un "juicio revolucionario".
¿Qué se sabe de los funcionarios del CTI secuestrados por el ELN?
Seis meses después del secuestro de Rodrigo López y José Antonio Pacheco, funcionarios del CTI de la Fiscalía, y tres meses después del rapto de los dos policías en Tame, Arauca, la situación ha dado un giro.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó recientemente su intención de mantenerlos en cautiverio por siete años más, en un acto que las familias califican como un “descaro absoluto” y un desafío directo al Gobierno Nacional.
Si bien en medio de la reunión de los allegados de las víctimas con el nuevo director de la Policía Nacional hubo un breve respiro, sostienen que aún no hay ninguna acción concreta.
Ellos no son delincuentes. Estaban cumpliendo con su deber. No merecen ser tratados así.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo y varias entidades oficiales han hecho llamados públicos al Gobierno para que intensifique los esfuerzos diplomáticos y humanitarios. Sin embargo, los resultados son nulos y las familias aseguran que el Estado ha permanecido indiferente ante su dolor.
Gobierno habría ignorado solicitud de canje para liberar a los funcionarios secuestrados
Las familias además relataron que han pasado meses sin recibir respuesta alguna de las autoridades, a pesar de haber entregado pruebas de supervivencia enviadas por el propio ELN con el fin de presionar un intercambio.
Pidieron un canje y el Gobierno nunca respondió.
Desde el Congreso, la representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, confirmó esto y denunció la indiferencia de las instituciones:
Es lamentable lo que está sucediendo. Estas familias llevan meses pidiendo ser escuchadas, y ni siquiera la fiscal general los ha recibido. El presidente habla de humanidad en escenarios internacionales, pero aquí ignora a sus propios servidores públicos secuestrados. Es doloroso, pero esa es la realidad que vivimos.
La representante advirtió sobre el riesgo de que el llamado “juicio revolucionario” tenga un desenlace fatal, como ya ha ocurrido en otras ocasiones:
El año pasado, un taxista y su esposa fueron asesinados por el ELN en un juicio revolucionario. En agosto, un topógrafo fue secuestrado en Saravena, le grabaron un video falso y luego lo mataron. Hoy tememos que eso mismo ocurra con estos funcionarios del CTI y los policías. No hay garantías, y el Gobierno parece mirar hacia otro lado.
Finalmente, el clamor de las familias se centra ahora en que se actúe antes de que la historia se repita. Piden que el Gobierno gestione un acuerdo humanitario que permita la liberación de los funcionarios, y que no se normalice la práctica de los “juicios revolucionarios” del ELN.
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