"Recomendaremos que no se designe como voceras a personas condenadas": Minjusticia sobre primera línea

Hay polémica en Colombia por el hecho de que miembros condenados de la autodenominada primera línea serían designados como voceros de paz, incluso, este 12 de diciembre se conoció un decreto que permitiría dicha posibilidad, no sin antes una evaluación.

Desde distintos sectores se ha aplaudido y criticado la iniciativa, hecho al que no fue ajeno el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien hizo algunos comentarios sobre la designación como voceros de paz a personas privadas de la libertad por hechos relacionados con las protestas.

“Ante todo: es una medida que busca la reconciliación”.

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Inicialmente explicó que “la atribución presidencial de designar a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias como voceras que aporten al proceso de paz o a apaciguar la conflictividad social la estableció de modo explícito la ley 2272 de 2022, recientemente aprobada por el Congreso”.

Y adjuntó que esta figura ya existía, por lo que varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a integrantes de grupos armados.

“Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias. ¡Claro: se trata de la paz total!”, puntualizó.

Fue claro en determinar que no se trataría de “indulto ni amnistía”, y que “los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden”.

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Sin embargo, añadió que estas personas seguirán vinculadas a los procesos penales y argumentó que “la medida ha sido útil en procesos de paz anteriores”.

“El gobierno creó una comisión que le recomendará al presidente la inclusión o exclusión de voceros, caso por caso, y definirá los lineamientos de las tareas que se les asignen y del monitoreo respectivo. Es una autorregulación sensata. Como Minjusticia, presido esa comisión”.

Finalmente, expresó que recomendarán “que no se designe como voceras a personas condenadas”, no obstante, señaló que el Gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto e hizo un llamado de atención sobre la “inconveniencia de una narrativa que estigmatiza y criminaliza la protesta social”:

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“Si queremos reencontrarnos como sociedad y tener un futuro sin violencia, tenemos que entender las causas del estallido social de los años recientes y reconocer que las injusticias sociales no se solucionan con la fuerza pública ni con el derecho penal”, agregó.