Ciudadanos intimidan y secuestran a funcionarios del Ejército y la Policía en varias regiones del país

Durante los últimos días, al menos 70 soldados del batallón de artillería de campaña de la cuarta brigada fueron expulsados por civiles de la zona rural de Las Auras y la Vélez, en Briceño, Antioquia, cuando cumplían operaciones de control militar.

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El Ejército resalta que algunos habitantes son obligados, por las disidencias de las Farc, a desarrollar este tipo de acciones en contra la fuerza pública para impedir que cumplan con su deber legal.

En el municipio de Tadó, en el Chocó, les bloquearon el paso a 23 policías que participaban en un operativo en contra de la minería ilegal de oro y platino.

Los uniformados permanecieron intimidados en el sitio durante más de doce horas. Luego de la intervención, de la Defensoría del Pueblo se le permitió el paso a los uniformados.

“La Policía Nacional detonó y destruyó cinco máquinas especializadas amarillas destinadas a ese propósito en la comunidad beneficiada esta actividad, junto con trabajadores y los dueños de esta maquinaria decidieron protestar”, afirmó Yilson Marino Ledesma, personero del municipio de Tadó. 

Gobernadores piden ayuda para controlar a los grupos armados en las regiones

La situación de violencia en diferentes regiones del país ejercida por los grupos al margen de la ley no solo genera preocupación en los ciudadanos, sino también en los gobernadores.

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La problemática que afrontan los territorios es la principal advertencia de los 32 gobernadores de los departamentos de Colombia, por lo que piden ayuda urgente al Gobierno Nacional.

Ante lo ocurrido, todos los 32 mandatarios enviaron un documento al Ministerio de Defensa, en el cual alertan sobre el control social y territorial que estas agrupaciones han ejercido en diferentes municipios, corregimientos, veredas y ciudades. 

Según el documento, conocido por Noticias RCN, “el avance de las diferentes estructuras armadas ilegales y su actuar delictivo han limitado la capacidad de acción de los gobernantes locales. Lo anterior aunado a que quien está tomando las decisiones en materia de seguridad es el Gobierno Nacional, sin tener en cuenta a los mandatarios locales y las capacidades administrativas, estratégicas y financieras con las que estos cuentan".