SIC confirma multas impuestas a Odebrecht por escándalo de Ruta del Sol II

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que luego de los recursos de reposición presentados por los sancionados, “no encuentra mérito para modificar ninguna de las decisiones y sanciones adoptadas el pasado 28 de diciembre de 2020”. Es decir, las multas que impuso por el escándalo de corrupción de la Ruta del Sol II, siguen vigentes de la siguiente forma:

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Agentes de mercado

• Constructora Norberto Odebrecht: $87.780.299.178
• Odebrecht Participações e Investimentos: $87.780.299.178
• Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana): $55.564.723.500
• Estudios y Proyectos del Sol (Episol) $33.826.650.000
• Concesionaria Ruta del Sol en liquidación (concesionaria): $221.475.540
• Gabriel Ignacio García Morales (exonerado al 100 % por el programa de beneficios por colaboración): $26.349.180.000

Personas naturales

• Luiz Antonio Bueno Junior (Odebrecht): $1.755.603.135
• Luiz Antonio Mameri (Odebrecht): $1.228.975.605
• Yezid Augusto Arocha Alarcón (Odebrecht): $185.512.470
• José Elías Melo Acosta (Corficolombiana): $393.991.455

La suma total de las sanciones es $295.086.710.061.

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La entidad impuso la sanción “por idear y ejecutar un sistema restrictivo de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato ‘Ruta del Sol tramo 2’ que, en una primera fase, incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la concesionaria”, señaló la SIC al momento de imponer las sanciones.

Según informó la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez fueron analizados los argumentos presentados por los apoderados de los sancionados, se rechazan todas las solicitudes de nulidad propuestas en los recursos de reposición por carecer de fundamento legal.

“Al haberse hecho hallazgos en materia penal en el curso de la investigación, se compulsarán copias del expediente del caso “Ruta del Sol II” a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia en materia de delitos económicos, electorales y/u otros que sean advertidos por el ente acusador”, detalla el documento de la SIC.