Sigue la violencia: un líder social y una excombatiente fueron asesinados

John Jairo Esquivel, líder perteneciente a la Guardia Campesina y miembro de la Asociación Nacional Campesina, Asonalca, fue asesinado este 18 de abril en la vereda Salem del municipio de Fortul, Arauca.

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Con Esquivel, la cifra de líderes sociales asesinados en lo que va corrido del 2022 asciende a 56, siendo la mayoría de estos crímenes en zonas apartadas y municipios con escasa presencia estatal.

Hasta el momento se desconocen las causas del asesinato y las circunstancias en que fue perpetrado. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana que cobija a los municipios de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena, debido al recrudecimiento de la violencia y las confrontaciones entre grupos armados ilegales que rondan la zona y que se disputan el control territorial.

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Además, se sabe que los grupos criminales que predominan, entre ellos el ELN y estructuras fronterizas pertenecientes a las disidencias de las Farc, realizan actividades de control poblacional, contrabando de combustibles, mercancías, tráfico de armas y secuestro de civiles que son trasladados, usualmente, hacia el territorio venezolano de Nula.

Feminicidio contra firmante de paz

Un nuevo caso de violencia en contra de firmantes de paz se perpetró en el municipio de Mesetas, Meta, este 18 de abril, con el feminicidio de Fraceneth Yolima Pérez, quien fue asesinada por su pareja al interior de su vivienda.

Según el reporte dado por Indepaz, la mujer de 34 años se encontraba en proceso de reincorporación, estudiando y desarrollando un proyecto productivo en el área urbana del municipio de Mesetas, en donde convivía con el hombre que la asesinó.

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Además, Pérez hacía parte de la organización Chocolate entre amigas, y era veedora de los procesos de mujeres excombatientes en Mesetas, con el cual se hace seguimiento a la implementación del acuerdo de paz.

En el municipio de Mesetas, así como el La Uribe, existe una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en la que se advierten las precarias condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales que impiden el disfrute de los derechos humanos por parte de la población civil.