Sin alcanzar mayorías en el Congreso, la ley de sometimiento será radicada en Comisión Primera del Senado

Esta semana será decisiva para discutir y aprobar las reformas del Gobierno. Este 23 de mayo será radicado ante la Comisión primera del Senado el proyecto de la ley del sometimiento que traza la hoja de ruta para el acercamiento con estas estructuras armadas.

El ambiente político es tenso y los ponentes del proyecto reconocen que no hay suficiente apoyo para su aprobación. Hay varios puntos que aún no logran convencer a los legisladores, uno de ellos implica que los narcotraficantes puedan quedarse con el 6% de su fortuna en caso de que hagan una entrega anticipada de bienes.

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Además, se prevé que 23 organizaciones de alto impacto vinculadas a economías ilegales entraran en la ley, pero por ejemplo una banda dedicada a robar celulares no sería contemplada en el proyecto. Adicionalmente, el articulado no tiene mensaje de urgencia.

Ariel Ávila, ponente de la ley de sometimiento, fue tajante a la hora de advertir que, si el Gobierno no suma mayorías, el proyecto se va a caer. “Este Congreso lleva parado un mes y medio y se le va a hundir todo, si no rearma mayorías va a ser imposible que cualquier ley pase”.

Los puntos clave de la ley de sometimiento

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con las sanciones por delitos cometidos: las penas se mantienen de 6 a 8 años de cárcel, más 4 de una condena supervisada.

Quienes ya están en prisión por crímenes graves no pagaran 8 sino 10. Además, no habrá excarcelación masiva, pues funcionará así: durante 18 meses la Fiscalía supervisa que esté contribuyendo y ahí se daría la excarcelación.

Para los integrantes rasos de los grupos armados aplicará de igual forma. No se establece ningún estatus político para ningún grupo y en cuanto a los bienes señala que las estructuras que se sometan podrán quedarse con un 6% de su fortuna.

Los puntos que más rechazan desde el legislativo

Alfredo Deluque, senador del Partido de La U cuestiona los “beneficios a los narcotraficantes, negociación con ellos”. Finalmente, no habrá nuevos jueces ni procesos disciplinarios y será la justicia ordinaria la que llevará la batuta.

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