¿Derecho al insulto? Por esta razón uniformados no podrán actuar si hay agresiones verbales

Noticias RCN conoció en primicia el instructivo que tendrá que cumplir la Policía en caso de alteraciones al orden público. En el documento se estipula, en primer lugar, que el nombre del Escuadrón Móvil Antidisturbios cambiará a Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Adicionalmente, se establecen once escenarios en los que la Policía debe actuar dependiendo del grado de violencia.

Uno de los apartados del instructivo que llamó la atención de la opinión pública estuvo relacionado con la reacción que deberían tener los uniformados en caso de recibir comentarios o insultos. La orden dice que no deben reaccionar ante esta situación, porque "prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho al buen nombre, que se afecta con las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas. Por ello no debe haber reacción ante tales injurias o calumnia".

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El abogado penalista Francisco Bernate explica que los derechos permanentemente entran en contradicción. Lo que ocurre en el desarrollo de una manifestación pública es que las personas se expresan hacia los funcionarios con afirmaciones como “inepto”, “inútil” “corrupto” y otras. “Lo que aquí se está diciendo es que esos comentarios, que se hacen en el marco del desarrollo de la libertad de expresión y las protestas, no tienen una connotación y no se pueden judicializar”.  

Teniendo claro esto, es importante mencionar que la decisión no debe amparar afirmaciones que se hagan carentes de todo sustento y que no guarden una relación con la función del cargo, “por ejemplo, si estamos protestando contra un alcalde, no podemos hacer alusiones que degraden su integridad personal o íntima, ni hacer acusaciones como: 'es un violador en serie o asesino', ese tipo de circunstancias carecen de todo fundamento”, dijo el abogado.

En opinión de Bernate, lo que está haciendo el instructivo con dicho apartado es reivindicar el derecho al insulto que se ha reconocido por la Corte Constitucional, y señalar que cuando los manifestantes hacen comentarios ofensivos hacia un funcionario, siempre y cuando guarden relación con su trabajo, están amparados constitucionalmente y “eso no es novedoso”.

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