Video: Nicolás Petro y su campaña del 'plata-no' para la Gobernación del Atlántico

Tras su imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el escándalo de dineros en el Atlántico, las redes sociales recordaron la particular campaña del plata-no de Nicolás Petro para la Gobernación, en la que promovía un mensaje encaminado a evitar la compra de votos y el fraude electoral.

El video difundido, protagonizado por Petro hijo y el entonces candidato al Concejo, Fernando Fonseca, empieza con los dos políticos caminando por las calles de un barrio cargando una carreta de plátanos.

En una esquina son detenidos por una señora que pregunta por el precio del alimento, a lo que Nicolás Petro responde que “ese plátano es especial” porque “no se vende”.

El jocoso mensaje del “plata-no, soluciones sí” estaba acompañado de un llamado final del hijo del presidente, en el que aseguraba a las personas que “al vender su voto, renuncian al derecho de un buen gobierno”.

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Imputación contra Nicolás Petro

Durante una audiencia programada para la mañana del 1 de agosto, la Fiscalía General de la Nación imputó a Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, debido al escándalo de dineros en el Atlántico que se desató tras las controversiales declaraciones de su exesposa, Daysuris Vásquez.

El fiscal Mario Burgos aseguró que Petro hijo llevaba una vida de lujos y gastos injustificados, por lo que tendría que reintegrar una suma de $1.053 millones por el delito de enriquecimiento ilícito.

Además, el investigador lo señaló de haber recibido millonarias sumas por parte de Santa Lopesierra y el ‘Turco’ Hilsaca, además de camionetas y otros favores económicos de empresarios de Cúcuta y los llanos.

La imputación señalaba que Petro Burgos habría registrado gastos como si sus ingresos fueran de $200 millones, cuando su sueldo como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico era de apenas $13 millones.

Finalmente, el juez encargado determinó que tanto Vásquez como Petro Burgos podrían pagar 12 años de pena, solo si deciden cooperar con la justicia. Ambos negaron cargos, pero aceptaron colaborar y entregar información sobre presuntos delitos políticos al interior del Gobierno.

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