Tensión en el Mundial de 2026: árbitro no fue admitido en EE.UU. por tener supuestos vínculos con terroristas
A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, son varios los problemas que se han presentado.
Noticias RCN
05:32 p. m.
El rechazo migratorio y posterior deportación del árbitro internacional Omar Abdulkadir Artan, de nacionalidad somalí, por parte de las autoridades fronterizas de los Estados Unidos ha generado una crisis multidimensional que involucra políticas de seguridad nacional, diplomacia deportiva y el marco regulatorio del visado para grandes eventos internacionales.
Artan, quien ostenta el galardón de Mejor Árbitro de África otorgado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), había sido seleccionado formalmente por el Comité de Árbitros de la FIFA para formar parte del cuerpo colegiado del torneo global. Sin embargo, su inadmisibilidad en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) anuló su participación.
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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) ejecutó la revocación del permiso de entrada amparándose en los protocolos de inspección secundaria.
Árbitro fue vinculado con supuestos grupos terroristas
De acuerdo con los reportes oficiales, el árbitro somalí fue sometido a un control de seguridad que se extendió por once horas, enfocado en el escrutinio de sus dispositivos electrónicos, registros de viaje e historial de comunicaciones.
"Esta persona buscaba ingresar a Estados Unidos. Tras una inspección más exhaustiva por parte de la CBP se descubrió información negativa, incluida una asociación con presuntos miembros de organizaciones terroristas", señaló el funcionario.
El argumento central de la administración estadounidense se basa en la presunta detección de "información negativa" en las bases de datos de inteligencia, la cual vincula al colegiado de 34 años con miembros de Al-Shabaab, una organización yihadista que opera en el Cuerno de África y que está catalogada como grupo terrorista por el Departamento de Estado.
Las autoridades norteamericanas sostienen que la posesión de un visado aprobado no garantiza el derecho automático de admisión si surgen alertas de seguridad en el puerto de entrada.
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