Dan última oportunidad a reconocida cadena en Colombia para que no quiebre: esto se sabe
La reconocida cadena de supermercados tiene un plazo de tres meses para organizarse.
Noticias RCN
04:37 p. m.
Almacenes Flamingo S.A., la reconocida cadena de retail con una fuerte presencia en el mercado y un modelo de crédito popular entre los colombianos, se encuentra inmersa en una carrera contra el tiempo. Tras afrontar meses de crecientes dificultades financieras, procesos judiciales y múltiples embargos, la compañía ha activado formalmente un mecanismo de negociación de emergencia con sus múltiples acreedores.
La ley es clara: Flamingo tiene un plazo estricto de tres meses para renegociar el grueso de sus obligaciones y lograr la aprobación de un acuerdo que le permita reestructurar sus deudas y asegurar su supervivencia.
¿Qué debe hacer esta cadena de almacenes para no quebrar?
La activación de un proceso de reorganización empresarial, en sus diferentes modalidades, es un salvavidas que el marco legal colombiano (Ley 1116 de 2006 y las recientes modificaciones como la Ley 2437 de 2024) ofrece a las empresas viables que atraviesan una crisis de iliquidez.
Este mecanismo no solo frena los procesos ejecutivos y embargos que asfixian la operación, sino que obliga a todas las partes a sentarse en la mesa de negociación.
Para Flamingo, este paso es la última gran oportunidad de evitar una liquidación judicial inminente.
El tiempo es el factor más crítico. Según los procedimientos de insolvencia, una vez admitido el trámite, la fase de negociación con los acreedores tiene una duración máxima e improrrogable de 3 meses. Durante este periodo, la administración de la empresa debe presentar un plan de pagos y reestructuración viable.
¿Qué sucede en este proceso de tres meses?
Los acreedores (proveedores, bancos, arrendadores y otras entidades) deben presentar a la empresa sus acreencias y sus reparos sobre cómo la compañía clasificó y graduó sus deudas.
Además, la gerencia de Flamingo debe diseñar y proponer un Acuerdo de Reorganización que satisfaga, en términos de tiempos y montos, a las distintas categorías de acreedores (laborales, fiscales, financieros, etc.).
Por otro lado, el acuerdo debe ser sometido a votación. Para ser confirmado, requiere el voto favorable de un número de acreedores que representen la mayoría de los votos. La presión es alta: si el acuerdo fracasa, la Superintendencia podría verse obligada a ordenar la liquidación de la empresa.
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