Colombia podría enfrentarse a un racionamiento eléctrico en el 2027, ¿Por qué?
La advertencia proviene de un análisis elaborado por Lumen Economic Intelligence, que proyecta una brecha crítica entre la oferta y demanda energética.
Noticias RCN
05:40 p. m.
Desde hace varios meses se viene conociendo la hipótesis de que el país podría enfrentarse a un apagón de energía de magnitudes históricas en el año 2027.
Una eventualidad que tendría un costo económico estimado de 30 billones de pesos, equivalente al impacto del reciente terremoto que afectó al país.
Alertan que Colombia sufriría de racionamiento de energía en el 2027
La advertencia proviene de un análisis elaborado por Lumen Economic Intelligence, que proyecta una brecha crítica entre la oferta y demanda energética.
Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó en entrevista con Noticias RCN que "la brecha que puede existir entre la oferta y la demanda, en condiciones de hidrología crítica como las que podrían ocurrir en el contexto del fenómeno del niño, es equivalente al 7,8%".
Esta diferencia representa el desbalance entre la capacidad de generación disponible y el consumo proyectado para ese año.
El estudio se basó en el racionamiento que sufrió Colombia entre 1992 y 1993, cuando el país experimentó "más de 340 días de racionamiento entre 8 y 10 horas diarias, que afectó especialmente a los hogares y al comercio".
La demanda energética actual viene creciendo por encima del 7% en lo corrido del año, una tendencia que se proyecta continuará al alza.
El sistema energético colombiano depende aproximadamente en un 65% de generación hídrica, complementado con fuentes renovables no convencionales y plantas térmicas que operan con combustibles líquidos o carbón.
Esta dependencia hace al país particularmente vulnerable ante fenómenos climáticos como El Niño, que reduce los niveles de los embalses.
El impacto social y económico sería devastador. Mejía advirtió que un racionamiento podría causar la pérdida de "cerca de 280.000 empleos" y que "más de 400 mil hogares podrían caer en condición de pobreza".
Los sectores más afectados serían el comercio, la industria, la minería y el petróleo, generando una parálisis de actividad productiva comparable a la experimentada durante la pandemia.
El problema tiene raíces estructurales. Según el análisis, "solamente ha entrado el 23% de la oferta de energía que se había estimado debía entrar" con corte al 10 de septiembre.
Los retrasos se deben a "problemas de licenciamiento ambiental" y "conflictos con las comunidades", situación que se ha repetido en años anteriores con porcentajes similares de cumplimiento.
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Mejía aclaró que "no es culpa de este gobierno, obviamente. Ellos se encuentran con una condición en donde la oferta de energía no ha crecido y la demanda viene creciendo por encima del 7%", aunque enfatizó la necesidad de liderazgo inmediato para mitigar los riesgos.
Las soluciones propuestas incluyen verificar que las medidas de incentivos al ahorro y castigos al derroche estén funcionando, así como implementar "un plan de choque que permita resolver los cuellos de botellas relacionados con licencias ambientales, licencias sociales".
El experto sugirió crear una mesa de trabajo de articulación entre todos los entes gubernamentales y territoriales para desplegar la nueva infraestructura de energía solar y eólica.
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