¿Cómo deben prepararse las empresas para un posible apagón por el fenómeno de El Niño?
La probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide en Colombia hacia septiembre de 2026 ha encendido las alarmas sobre un posible déficit energético.
Noticias RCN
04:37 p. m.
Colombia enfrenta un panorama que podría poner a prueba la estabilidad energética del país y la capacidad de respuesta de las empresas.
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Las alertas emitidas por las autoridades ambientales sobre la posible consolidación del fenómeno de El Niño hacia septiembre de 2026 han llevado a expertos a insistir en la necesidad de acelerar medidas que permitan reducir la vulnerabilidad frente a eventuales cortes de energía.
La preocupación surge luego de conocerse que la temperatura global alcanzaría 1,46 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
El IDEAM y el Ministerio de Ambiente estiman una probabilidad del 90 % de que el fenómeno climático se fortalezca en Colombia y advierten que podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados en los últimos 140 años.
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Un déficit energético que preocupa al sector productivo
Las proyecciones indican que las sequías prolongadas y la disminución de los niveles de los embalses podrían generar dificultades para garantizar el suministro energético en los próximos años.
La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) estima que a partir de 2027 podría presentarse un déficit estructural de energía firme. Según los cálculos, el faltante aumentaría progresivamente hasta alcanzar 65 gigavatios hora diarios en 2038, cifra equivalente a cerca del 20% de la demanda nacional.
Para las empresas, este escenario representa una amenaza significativa. Una investigación realizada por el equipo de investigación del Banco de Bogotá estimó que una hora de inactividad derivada de un eventual racionamiento podría costarle al país cerca de 200.000 millones de pesos, con efectos directos sobre la productividad, la competitividad y el crecimiento económico.
De acuerdo con Santiago Uribe, cofundador y gerente de mercadeo de Azimut Energía, el problema tiene un componente estructural relacionado con la alta dependencia de la generación hidroeléctrica.
Actualmente, el 62% de la capacidad instalada del país depende de este tipo de generación, mientras que las fuentes no convencionales, como la energía solar, representan apenas el 9% de la potencia instalada y cerca del 3% de la energía producida.
La crisis energética no se resolverá de la noche a la mañana, pero las empresas que se anticipen e implementen soluciones estratégicas serán las únicas capaces de protegerse frente a los apagones y el impacto económico que esto pueda tener para sus organizaciones.
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Ante este panorama, los especialistas consideran que la respuesta no debe limitarse a esperar soluciones de largo plazo. La recomendación es implementar desde ahora estrategias que permitan reducir el consumo y mejorar la eficiencia operativa.
Uribe señala que Colombia presenta una brecha importante frente a otros mercados. Según explica, producir un dólar en la economía nacional requiere un 17% más de energía que el promedio de América Latina y un 50% más que los estándares europeos.
Por esa razón, tecnologías como la digitalización de activos, el monitoreo permanente del consumo y la modernización de sistemas de iluminación y refrigeración aparecen como herramientas clave para enfrentar el desafío.
Estas medidas, según los expertos, pueden disminuir el consumo energético entre un 15% y un 20%, un ahorro que podría marcar la diferencia en un contexto de tarifas elevadas o restricciones en el suministro.
Otra de las alternativas que toma fuerza es la autogeneración de energía mediante sistemas solares acompañados de almacenamiento en baterías.
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Camilo Montoya, cofundador y CEO de Azimut Energía, sostiene que la reducción de aproximadamente el 90 % en los costos de las baterías durante la última década ha convertido esta tecnología en una opción cada vez más viable para las empresas.
Según explica, estos sistemas permitirían mantener operativos los procesos críticos incluso ante racionamientos que podrían extenderse hasta cuatro horas.
A esto se suma la posibilidad de acceder a contratos de compra de energía (PPA), un modelo que permite incorporar nuevas tecnologías sin realizar inversiones iniciales. Bajo este esquema, las empresas pagan únicamente por la energía consumida, con tarifas que podrían ubicarse alrededor de los 600 pesos por kilovatio, frente a costos cercanos a los 900 pesos por kilovatio en la red comercial.
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