Contraloría advirtió sobre concentración inusual de contrataciones antes de que iniciara la Ley de garantías

Antes de que la Ley de garantías electorales entrara en vigencia, se registró una concentración inusual de contratación interadministrativa, según la Contraloría General de la República.

Según advirtió el órgano de control, “es la primera alerta emitida en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, y que se deriva del seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral, en aplicación de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales)”.

En concreto, “como parte del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo — presentado oficialmente el 10 de noviembre de 2025— se analizó la información reportada en SECOP entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025, donde se identificó un comportamiento contractual atípico y altamente concentrado”.

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¿Qué entidad recibió la mayor cantidad de dinero en contratos firmados a última hora?

Tan solo en los primeros días de noviembre se superaron los niveles promedio de contratación mensual del 2025, comprometiendo 9,0 billones de pesos, de los cuales 6,1; o el 68%, se suscribieron el día anterior a iniciar la Ley de garantías.

De acuerdo con la contraloría, ese 7 de noviembre, “representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190% frente al comportamiento histórico previo”.

Además, el organismo informó que la entidad que concentró el mayor porcentaje de dinero en contratos fue el Departamento de Prosperidad Social, “con $770 mil millones que equivalen al 8.5% del total de la contratación del Estado”.

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Contraloría aún analiza los contratos realizados con departamentos:

Sin embargo, “en lo que respecta a los contratos en los departamentos, la entidad se encuentra realizando el análisis de los datos para determinar el valor en cada región”.

Uno de los contratos que se quedó sin firmar antes de que la Ley de garantías entrara en vigor fue el de financiación del 70% del Tren de Cercanías. Un proyecto que, según las autoridades locales, estaba listo para iniciar su construcción en 2028, pero no recibió el aval del Gobierno Petro.