Esto dice la carta enviada por Mintrabajo a Presidencia acerca de los contratos por prestación de servicios

La propuesta del Gobierno Nacional de acabar con los contratos de prestación de servicios ha desatado una polémica que apenas empieza y que de a poco se va tomando el centro de la discusión en el país. 

El pasado viernes 30 de diciembre y a través de Función Pública, se emitieron los lineamientos para que la propuesta que llevará el nombre de "plan de Formalización de empleo", fuera ejecutada y entrara en vigencia a partir del 1 de enero de este año.

El anuncio ha provocado la reacción de varios sectores empresariales y económicos de Colombia y uno de ellos, que ha venido por parte del Ministerio del Trabajo, habría evidenciado las diferencias existentes entre la cartera y la Presidencia de la República.

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La carta de Mintrabajo

En consecuencia, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, envió una carta dirigida a la Presidencia en la que sostiene que en solo cuatro meses no pueden desaparecer todos los contratos de prestación de servicios que hay en el sector público y que el Departamento de Función Pública no tuvo en cuenta las recomendaciones del Ministerio. Esto sabiendo que la propuesta establece que para abril del 2023, las entidades públicas nacionales y regionales deben determinar el presupuesto que requerirían para contratar de planta a sus contratistas.

"La expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas anteriormente citadas imponen, y por lo mismo, da por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral pueden ser realizados en cuatro meses y sin las aprobaciones presupuestales correspondientes", argumenta el documento. 

El Ministerio también le recomendó a Presidencia seguir firmando contratos de prestación de servicios durante 2023 y empezar la formalización con los auxiliares y técnicos. "Celebrar durante la vigencia 2023 contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre", añadió. 

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Según expertos, volver de planta a todos los trabajadores que tienen contratos de prestación de servicios tiene grandes repercusiones fiscales.

"El año pasado, toda la nómina del Gobierno Nacional central superó un costo de 70 billones de pesos", declaró David Cubides, director de Estudios Económicos de Alianza Valores. 

Cabe recordar que el Departamento de Función Pública había emitido una circular en la que ordenaba a las instituciones públicas hacer contratos de prestación de servicios no mayores a cuatro meses y formalizar a la mayoría de trabajadores este año.

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