¿Cobros no autorizados? El pedido del Gobierno a gobernadores y alcaldes

El Gobierno Nacional recordó a los gobernadores y alcaldes del país la obligación de trabajar por la eliminación de cobros no autorizados, para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de los deberes y el acceso a los servicios e información de las entidades del Estado.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) expidieron la Circular Conjunta 100 003 de 2022, donde destacan que implementar estos y otros beneficios creados para empresarios y emprendedores requiere la colaboración armónica entre la Nación y los territorios.

Concretamente, la circular menciona la optimización de trámites y servicios relacionados con el impuesto departamental de registro y el registro de industria y comercio.

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¿De qué se trata el impuesto departamental?

El impuesto departamental de registro corresponde al que se paga al inscribir actos, contratos o negocios jurídicos en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio.

El registro de industria y comercio, que depende de las alcaldías, funciona como mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio.

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Mincomercio y Función Pública solicitan aplicar las disposiciones del Decreto Ley 2106 de 2019 (antitrámites) en materia de interoperabilidad, desmaterialización y gratuidad, que se suman a lo señalado en la Ley Estatutaria 1712 de 2014 en el propósito de eliminar cobros no autorizados.

“Estas acciones, que se enmarcan en la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, potencian el desarrollo de la actividad empresarial, promueven el emprendimiento, la internacionalización de la economía y el acceso a nuevas oportunidades. Así generamos equidad, desarrollo social y beneficios a los productores, a las regiones y en general a todos los colombianos”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana Villalba.

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Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nerio José Alvis Barranco, añadió que “una de las prioridades de este Gobierno y de Función Pública ha sido mejorar el relacionamiento de la ciudadanía con el Estado mediante la racionalización de trámites como en este caso, y, en ese sentido, los avances han sido significativos. En lo corrido de 2022 se han implementado 251 acciones de racionalización de trámites, que significaron un ahorro de 33 mil millones de pesos para los ciudadanos. En total, en el cuatrienio hemos adelantado 3.304 acciones de racionalización, que corresponden a un ahorro de 310 mil millones de pesos”.

Las actividades de Estado Simple, Colombia Ágil incluyen también la eliminación de 435 barreras y la derogación o ajustes a 877 normas en desuso o de alto impacto, lo que lleva a un gran total de 4.616 intervenciones entre agosto de 2018 y abril de 2022.