Nueva ley protegerá a víctimas de fraude: así deberán actuar los bancos y DataCrédito
La nueva Ley 2573 de 2026 protegerá a las víctimas de suplantación de identidad. Conozca cómo deberán actuar los bancos y qué pasará con DataCrédito.
Noticias RCN
07:48 a. m.
Antes de los cambios que comenzarán a aplicarse en noviembre de 2026, las personas que eran víctimas de suplantación de identidad debían enfrentar largos procesos para demostrar que no habían solicitado un crédito.
Con la entrada en vigor de la Ley 2573 de 2026, ese panorama cambia, pues la norma crea nuevas garantías para proteger a quienes sean afectados por este tipo de fraude y obliga a las entidades financieras a actuar de manera inmediata mientras se investiga cada caso.
¿Qué cambia con la nueva ley contra el fraude digital?
La Ley 2573 de 2026, sancionada por el presidente de la República tras recibir el aval de la Corte Constitucional, establece que los bancos, cooperativas, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales deberán suspender el cobro de créditos, préstamos, cuotas u otras obligaciones cuando una persona demuestre que fue víctima de suplantación de identidad.
Así puede consultar con su cédula si está reportado en Datacrédito sin realizar algún pago
La norma, que empezará a aplicarse desde noviembre de 2026, también ordena retirar de manera temporal los reportes negativos en centrales de riesgo, como DataCrédito, mientras la justicia define si efectivamente existió un fraude.
El objetivo es evitar que quienes sufrieron el uso ilegal de sus datos personales continúen acumulando intereses, enfrentando procesos de cobro o viendo afectado su historial crediticio por obligaciones que nunca adquirieron.
Bancos deberán demostrar que sí hubo autorización
Uno de los cambios más importantes de la ley es que modifica la carga de la prueba. A partir de su entrada en vigor, las entidades ya no podrán limitarse a afirmar que un usuario autorizó un crédito o un contrato.
Por el contrario, deberán demostrar cuáles fueron los mecanismos de autenticación y verificación de identidad utilizados para aprobar la operación. Si no logran acreditar que aplicaron controles suficientes, perderán el derecho a exigir el pago de esa obligación.
Así las cosas, con esta normativa, Colombia busca fortalecer la protección de los consumidores frente al fraude digital y brindar herramientas para que las víctimas de suplantación de identidad no asuman las consecuencias económicas de delitos cometidos por terceros.
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