¿Qué pasará con los contratistas tras el pedido de Mintrabajo a la Presidencia?

Una nueva polémica se ha generado entre el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional luego del anuncio de Función Pública, división del Estado que se encarga de ayudar a los ciudadanos y brindar soluciones que mejoren sus condiciones laborales, acerca de los contratos por prestación de servicios en el país.

Esto, tras la circular publicada en la que se establecieron cuáles serían los cambios que tendrían de ahora en adelante este tipo de convenios en el país. 

Según el documento, “la contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro (04) meses, plazo durante el cual los órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieran”.

Además, establece que las funciones de los colaboradores que tengan este tipo de contrato cumplan tareas y cargas diferentes a las que tienen comúnmente los empleados de planta.

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Sin embargo, esta circular no fue bien vista por el Ministerio de Trabajo y como consecuencia la jefe de la cartera, Gloria Inés Ramírez, envió una carta a la Presidencia con algunas observaciones. 

Para la ministra, “la expedición de la circular no contó con la previa articulación que las normas anteriormente citadas imponen y, por lo mismo, da por sentado que los estudios de cargas laborales necesarios para adelantar el proceso de formalización laboral pueden ser realizados en cuatro meses y sin las aprobaciones presupuestales correspondientes”.

Esto es lo que opinan los expertos

Entretanto, surge la duda de lo qué pasaría ahora con los contratistas tras el anuncio del Gobierno, pues según la apreciación de algunos expertos, la formalización de los contratos tardaría más de 4 meses y, además, traería importantes consecuencias fiscales. Incluso, mencionaron cuál fue el monto total que gastó el Gobierno Nacional con su nómina central en el 2022. 

“El año pasado, toda la nómina del Gobierno Nacional central superó un costo de 70 billones de pesos”, indicó David Cubides, director de Estudios Económicos de Alianza Valores, en diálogo con Noticias RCN. 

Por otro lado, el abogado y experto en Derecho Laboral, Seguridad Social y Derecho Constitucional, Octavio Rubio, señaló que el anuncio “generará un traumatismo en las oficinas de contratación de las entidades nacionales, puesto que el cambio a las platas temporales implica no solo un cambio de figura contractual, sino recursos del presupuesto, debido a que para las entidades sale más costoso vincular a los servidores públicos bajo esta modalidad”. 

Además, aseguró a Noticiasrcn.com que es muy “loable la propuesta de eliminar la OPS como forma predominante de contratación y moneda transaccional política, pero existe una desconexión entre los anuncios y la planeación, pues las platas temporales requieren estudios técnicos que no solo significan recursos de las entidades, sino tiempo para hacerlas de forma seria y objetiva. Estos estudios demostrarán que los recursos no van a ser suficientes para crear las platas temporales que necesitan”. 

Finalmente, el también director del Instituto Nacional de Estudios Sociales se refirió a la incertidumbre que ahora tienen los trabajadores sobre su futuro, puesto que la decisión del Gobierno no ha sido puesta a consideración de ellos, ni de los representados por los sindicatos, en particular en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. 

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