CIDH denuncia cifras que no cuadran y libertad vigilada de presos políticos en Venezuela
El gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de 8.000 beneficiados por la Ley de amnistía, pero no existe una lista que pueda comprobarlo.
Noticias RCN
AFP
02:04 p. m.
Mientras el gobierno interino de la presidenta Delcy Rodríguez asegura que la ley de amnistía ha beneficiado a más de 8.000 personas, organizaciones internacionales pintan una realidad drásticamente distinta.
Esta profunda disparidad fue el eje de la denuncia que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón Orellana, presentó el miércoles 6 de mayo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde alertó que los excarcelados no gozan de una emancipación real.
"Prohibición de salida, presentación periódica, prohibición de manifestarse o de hablar a la prensa. Eso no es libertad: es libertad vigilada", aseguró con contundencia el funcionario.
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¿Qué balance maneja la CIDH?
El balance real que manejan los defensores de derechos humanos contrasta fuertemente con el discurso oficialista. De acuerdo con el informe de la CIDH, "la sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras que 554 permanecen con medidas cautelares".
Ante la falta de claridad, la Comisión exigió formalmente la publicación de una lista oficial de los presos liberados, una petición que cobra especial relevancia tras las declaraciones de la propia mandataria interina; al solicitar que se le dé "seguimiento" a la aplicación de la amnistía, tras advertir de manera suspicaz que algunos de los beneficiados supuestamente están "planificando el conflicto".
Orellana alerta sobre la eliminación del historial judicial de los implicados:
La transición política en el país caribeño inició tras la caída de Nicolás Maduro a manos de fuerzas especiales de los Estados Unidos. Ralón Orellana, alertó de forma particular sobre "la cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros (que) introduce un tipo (de delito) abierto, aplicable contra opositores".
Asimismo, el comisionado advirtió sobre el peligro de borrar el historial judicial de los implicados sin el debido rigor, señalando que "la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas".
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