Congreso de Perú aprobó adelantar las elecciones generales para abril de 2024

El Congreso del Perú aprobó adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024, en un intento de frenar la crisis generada tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución del presidente Pedro Castillo.

En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores y contempla también que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.

El presidente del Congreso, José Williams, explicó al final de la sesión que para la entrada en vigencia, esta reforma deberá ser ratificada en una nueva votación en los próximos meses.

Las bancadas de izquierda, que apoyan a Castillo, habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una Asamblea Constituyente, pero el pedido no prosperó.

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Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos.

Según las encuestas, 83% de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios para resolver la crisis.

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), liderada por su secretaria Tania Reneaum, llegó a Lima para reunirse con autoridades "para recibir información sobre la crisis institucional y protestas".

La CIDH se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno y planea recorrer algunas ciudades del país.

Asilo en México

Según un último reporte de la Defensoría del Pueblo, desde su inicio el 7 de diciembre las protestas dejan 21 muertos y más de 650 heridos por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Castillo perdió el poder ese día tras intentar cerrar el Congreso, intervenir el sistema judicial, gobernar por decreto y convocar a una Asamblea Constituyente.

Su pedido no tuvo apoyo institucional, por lo que fue detenido bajo cargos de rebelión, cuando intentaba llegar a la embajada de México para pedir asilo, lo que desató una crisis diplomática.

El gobierno peruano concedió el salvoconducto (permiso) para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales.

La esposa e hijos del gobernante se encuentran en la embajada de México en Lima y se les otorgó el asilo, según había confirmado más temprano el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

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El gobierno peruano, que ha considerado el apoyo de Andrés Manuel López Obrador a Castillo como una "injerencia" en los asuntos internos del país, declaró persona non grata al embajador de ese país en Lima, Pablo Monroy, y le dio "72 horas para abandonar" el país.

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, recordó que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba su esposo.

Aseguró que el gobierno peruano se reserva el derecho de pedir su extradición si la justicia local lo requiere en algún momento.

Presidenta Boluarte recompondrá gabinete

Boluarte, con solo trece días en el cargo, reformará su gabinete, según anunció, incluyendo el cambio del primer ministro, para privilegiar la designación de funcionarios con mayor experiencia política para buscar salidas a la crisis.

Los ministros de Educación y de Cultura renunciaron la semana pasada en rechazo a las muertes en las violentas protestas.

La cartera de Transportes precisó que se reiniciaron las operaciones en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en la región de Puno (sur), luego de seis días de cierre por las protestas.

Las visitas a la ciudadela inca de Machu Picchu se encuentran suspendidas desde el 14 de diciembre, para salvaguardar la seguridad de los turistas por las protestas. Otras terminales aéreas que permanecieron cerradas también ya están operativas. 

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En la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco (sureste) cientos de personas, en su mayoría mujeres con coloridos trajes típicos, realizaron una marcha de protesta con un ataúd de cartón que lleva la imagen de Dina Boluarte, al que luego le prendieron fuego.

"Queremos elecciones urgente. Que dimita Dina. Este Congreso es un abusivo que hace y deshace leyes a su favor, mientras el pueblo se muere de hambre sin medicinas, sin educación", dijo a la AFP la comerciante Gricelda Cosi Quispe.

Como parte de las protestas, en Ayacucho, ocho manifestantes murieron la semana pasada en un choque con militares, durante el intento de toma de un aeropuerto. La Defensoría pidió una investigación penal, porque varias muertes ocurrieron por disparos al cuerpo.