El Salvador aprueba cadena perpetua para menores y genera polémica
Bukele aprueba cadena perpetua para menores y recibe críticas internacionales.
Noticias RCN
07:16 a. m.
Una reforma legal en El Salvador ha desatado un intenso debate internacional. El Gobierno de Nayib Bukele permitirá aplicar cadena perpetua a menores de entre 12 y 18 años en casos de delitos graves, una decisión que divide opiniones entre quienes la ven como un avance en seguridad y quienes advierten sobre posibles vulneraciones a los derechos de la niñez.
La norma, que entrará en vigor el 26 de abril, modifica el marco jurídico vigente y elimina el procedimiento especial que hasta ahora regía para adolescentes en conflicto con la ley. Con esto, se abre la puerta a sanciones más severas en delitos como homicidio, terrorismo y violación.
¿Qué implica la cadena perpetua para menores en El Salvador?
La reforma se sustenta en cambios constitucionales aprobados previamente por el Congreso salvadoreño. A partir de ahora, los menores podrán ser juzgados bajo parámetros similares a los adultos en delitos considerados de alta gravedad.
No obstante, la normativa incluye revisiones periódicas de las condenas, lo que permitiría evaluar posibles libertades condicionadas en el futuro.
Según el Gobierno, esta medida busca cerrar vacíos legales que, en su concepto, facilitaban la impunidad en el sistema penal juvenil.
El endurecimiento de las penas se enmarca en la política de seguridad impulsada por Bukele, que ha priorizado el combate a estructuras criminales mediante reformas legales y operativos de gran escala.
¿Por qué se cuestiona esta reforma por derechos de la niñez?
La iniciativa ha generado críticas de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que advirtió que la medida podría contradecir principios fundamentales de protección a menores.
El contexto en el que se adopta la reforma también ha sido objeto de análisis. Bajo el estado de excepción vigente desde hace varios años, más de 90.000 personas han sido detenidas, según cifras oficiales, lo que ha intensificado el debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías individuales.
Mientras el Gobierno de Bukele defiende la medida como una herramienta para combatir el crimen, sectores críticos insisten en que el desafío está en encontrar soluciones que no comprometan los derechos de los menores.
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