¿Qué implicaciones tiene para Perú el reciente anuncio de su presidente, Pedro Castillo?

Este 6 de diciembre una noticia sacudió al Perú, luego de que su presidente, Pedro Castillo, anunciara la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, justo cuando se preparaba un debate de moción de vacancia en su contra ante el legislativo.

Este puede ser uno de los momentos más críticos en casi 18 meses de mandato para Castillo, quien se ha visto envuelto en numerosas polémicas por su supuesta “incapacidad para gobernar”, por no entrar en sintonía con la sociedad peruana y por los errores cometidos en la implementación de diversas políticas públicas en el país.

Pero, ¿qué implicaciones podría tener el anuncio de Castillo sobre la declaración de un Estado de emergencia y el inicio de un gobierno por ley?

Jairo Libreros analista político de Noticias RCN, aseguró que ese anuncio podría significar la entrada a un gobierno de facto, debido al desconocimiento de la necesidad de tener un Congreso encargado de legislar y adelantar las tareas de control político en la nación.

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Lo convertiría en nada más ni nada menos que en un dictador y, en segundo lugar, fragmentaría por completo la política en Perú.

A nivel económico, este anunció de Castillo podría tener efectos devastadores para el país y para América Latina, pues si bien su mandato no ha gozado de la mayor popularidad, la estabilidad del país ha seguido a flote.

Para el analista, el anuncio de Castillo es el primer paso para la instauración de una dictadura, sobre todo si se tiene en cuenta el llamado a elegir un nuevo Congreso para llevar a cabo un proceso de reforma constituyente.

La expedición de este decreto es un acto inminentemente dictatorial y cambia por completo el régimen político peruano que entraría a ser un gobierno autoritario.

¿Cuál sería el papel de la OEA ante esta situación?

 Sobre el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en este proceso que busca llevar a cabo castillo en Perú, Libreros expresó que el secretario general podría intervenir de acuerdo a lo establecido en la carta democrática interamericana del 2001.

En consecuencia, la OEA podría enviar una misión para “determinar si existe una ruptura del ordenamiento constitucional”. Esta ruptura sería causa para convocar a la Asamblea General de la OEA, en donde definirían las sanciones o la suspensión de derechos de Perú.

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