¿Se trata solo de grandes cárceles? Las alertas sobre violaciones sistemáticas a los DD. HH. en El Salvador

Las guerra contra pandillas iniciada por Bukele en El Salvador ha puesto en alerta al mundo por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos.


Violaciones derechos humanos por Bukele en El Salvador
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 02 de 2023
03:42 p. m.
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Los megacentros carcelarios que ha diseñado e impulsado el gobierno de El Salvador, en cabeza del presidente Nayib Bukele, han sido blanco de críticas en las últimas semanas especialmente, por parte de diversas organizaciones sociales, presidentes y activistas que han rechazado las presuntas vulneraciones a los Derechos Humanos hacia los presos.

Bukele difundió a través de sus propias redes sociales las imágenes del traslado de 2.000 presos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en la ciudad de Telocua, San Vicente, el nuevo centro penitenciario que podría albergar hasta 40.000 personas y que cuenta con estrictos protocolos de seguridad.

En los metrajes se pudo ver cómo los presos ingresaban en fila, rapados, esposados y con la nuca baja a este centro carcelario que consta de 8 pabellones custodiados día y noche por 600 soldados y 250 policías.

Las crudas fotografías y videos de la situación por la que atraviesan los reos hicieron eco a nivel internacional. Incluso en Colombia, el presidente Gustavo Petro comparó el modelo carcelario instaurado por Bukele con “campos de concentración”; esto teniendo en cuenta el fuerte contraste de visiones políticas sobre derechos humanos y la concepción sobre el funcionamiento que deberían tener los centros penitenciarios.

Asimismo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) advirtieron sobre las condiciones “infrahumanas” por las que estarían atravesando los reclusos, algunos de ellos pertenecientes a peligrosas pandillas como los Mara Salvatrucha (MS-13), y otros que ni siquiera han sido condenados.

De acuerdo con Amnistía Internacional, al menos 80 presos han perdido la vida a manos de la Policía de El Salvador, sin recibir sanción alguna por la ley. Más bien, consideran que estas acciones estarían apoyadas por el mismo Bukele, quien ha insistido en la “cero impunidad” y la ofensiva contra las pandillas criminales.

Cabe recordar que, en abril 2022, la Asamblea salvadoreña (en su mayoría oficialista) votó a favor de una iniciativa del gobierno Nayib Bukele para reformar el código penal y así endurecer las condenas contra los pandilleros. 

Vea también: Bukele vs. Petro: El cruce de los presidentes por las cárceles en El Salvador

La situación de Derechos Humanos en El Salvador

Durante 2021, El Salvador atravesó por un estado de excepción en el que se estableció, entre otras cosas, sanciones para los medios de comunicación que replicaran mensajes o hicieran cubrimientos relacionados con las pandillas, la prohibición de grafitis y se permitió la reutilización de bienes y armas que fueran incautadas.

Al respecto, el internacionalista y catedrático de la Universidad de El Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, habló con NoticiasRCN.com y afirmó que este sistema ‘anti-pandillas’ de Bukele ha alcanzado unos elevados niveles de aprobación entre aquellos que apoyan la “mano dura” contra los criminales.

Sobre ese visto bueno que al parecer tiene Bukele entre gran parte de la sociedad, Jaramillo indicó que se debe a la instauración de una idea a través de cifras y lo que él llama “resultados de seguridad”, en donde demuestra una reducción de las tasas de homicidios del 50%.

Sin embargo, ¿qué tanto se justifican las medidas represivas y las vulneraciones a los Derechos Humanos en el marco de garantizar la seguridad?

“Nada justifica la vulneración de un derecho humano. Si se trata de un condenado por un crimen, no se restablece la justicia a quien anteriormente ha violado otro. Eso no tiene sentido. Eso es punitivismo, es decir, esta idea riesgosa de equiparar justicia con venganza”, señaló el internacionalista.

Le puede interesar: ¿Cómo funciona la cárcel de El Salvador que le ha generado críticas a Nayib Bukele por el trato a los reclusos?

Inseguridad y el boom Bukele en El Salvador

Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio del 2019, en un triunfo contundente y en primera vuelta al que llegó cobijado por un discurso “fresco y joven”, en el que además prometía acabar con la larga historia de violencia que azotaba a los salvadoreños forjada por una guerra de pandillas.

El Instituto de Paz de Estados Unidos reportó en 2015 una tasa de 6.650 homicidios en el país centroamericano, lo que representaba cerca de 18 asesinatos diarios; cifra que al parecer ha ido cayendo, llevando a El Salvador de ser el país más violento de América Latina, a estar en la posición número 11 en 2021.

Hoy día, Bukele presume de cifras completamente diferentes. La más reciente fue una publicada este 2 de marzo, en una publicación que asegura que la tasa de homicidios para el primer día de este mes fue de cero a nivel nacional.

¿Pero qué hay detrás de las impresionantes cifras presentadas por Bukele ante el mundo?

Bajo el lema de la “guerra contra pandillas”, Bukele ha instaurado un récord de detenciones basadas en la creencia de mano dura sobre miles de pandilleros que hoy inundan las cárceles de su país.

Una ola de detenciones masivas inició bajo su mandato luego de la Asamblea Legislativa aprobara la instauración de un estado de excepción por un mes, producto de algunas masacres presentadas en los primeros días de marzo del 2022, en las que el confinamiento y el terror para los civiles se convirtió en el pan de cada día en las zonas más violentas.

No obstante, este salvoconducto permitió a la Policía salvadoreña, bajo el mando del presidente, privar de la libertad a miles de personas bajo cualquier pretexto e, incluso, cercar barrios bajo la excusa de acorralar a los pandilleros. Bajo este modelo, según cifras de Insight Crime, Bukele arrestó a más de 10.000 hombres en 17 días.

Pero el punto radica más allá de una política de seguridad, y es que, aunque la imagen que proyecta el presidente es de un aumento en la percepción de seguridad para los salvadoreños; los ojos del mundo están puestos sobre las múltiples violaciones a los Derechos Humanos que se han perpetrado en nombre de esta lucha gubernamental, en medio de un estado de excepción que aumenta los poderes del mandatario y bajo la premisa de devolver la paz a un pueblo históricamente azotado por la violencia y guerras civiles.

Lea además: Gobierno de El Salvador trasladó a 2 mil pandilleros a estricta mega cárcel

Las implicaciones del modelo Bukele para El Salvador

Rafael Piñeros, profesor e internacionalista de la Universidad Externado, explicó a este medio que la preocupación sobre lo que ocurre en El Salvador radica en la “imposición de medidas autoritarias y el efecto que esto podría tener en términos de protección de Derechos Humanos y el ejercicio efectivo de los mismos”.

Además, enfatizó en que, si bien el crimen organizado ha sido un problema histórico para países de Centroamérica y la región, no se puede justificar la implementación de “la fuerza y autoridad excesivas” para controlar un problema que requiere de una visión más amplia y que va más allá del mero castigo.

Estas medidas de Bukele, además de representar una vulneración a los derechos de los reos y de servir como justificación para extender sus capacidades como mandatario podrían, según Piñeros, desencadenar en un modelo de imitación para otros países y en la implementación de sanciones internacionales sobre la economía de El Salvador.

Estados Unidos y la Unión Europea ya han demostrado su preocupación sobre las constantes violaciones a los derechos humanos en ese país

Aunque hasta ahora no hay medidas internacionales sobre lo que se está presentando, Piñeros aseguró que el Comité Interamericano de Derechos Humanos podría ser competente, solo en la medida en que existan denuncias contundentes y se “agoten a nivel interno los mecanismos jurídicos” para evaluar la situación.

No obstante, cabe anotar que Bukele, en 2022, reemplazó a varios jueces de la Corte Suprema, poniendo en tela de juicio “la capacidad e independencia de los poderes públicos para llevar a cabo investigaciones y juzgar delitos relacionados con los derechos humanos”.

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