Procuraduría revisará en detalle investigaciones por abuso sexual por parte de la Fuerza Pública

Tras las recientes denuncias hechas por miembros de la comunidad Embera en Risaralda, sobre la violación de una menor de dicha etnia por parte de uniformados del Ejército Nacional, y la de la Fundación Paz y Reconciliación sobre un hecho similar contra una habitante del grupo indígena Nukak Makú en Guaviare, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, envió una misiva al general Luis Fernando Navarro.

En la carta, Fernando Carrillo solicitó al comandante general de las Fuerzas Militares que le sea remitido un informe detallado con la información sobre los casos de abuso sexual, por parte de uniformados, que actualmente son motivo de investigación.

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En la misiva, Carrillo Flórez advirtió de algunos casos de público conocimiento, señalando que, así como recientemente se han conocido denuncias por actos indebidos en detrimento de la integridad de menores de edad pertenecientes a grupos indígenas, también existen reportes de conducta similares que tienen como víctimas a mujeres adultas de dichas etnias.

Carrillo solicitó tener acceso a los informes detallados de las investigaciones disciplinarias en curso, que dan cuenta de una serie de comportamiento e irregularidades por parte de los uniformados.

Tras hacerse pública la denuncia de la Fundación Paz y Reconciliación, sobre los hechos ocurridos en lo corrido de 2019, la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional emitieron sus respectivos comunicados.

En el caso del Ejército, se precisó que dicho caso ya era de conocimiento de los altos mandos de la institución, y que actualmente, y desde octubre del año pasado, se adelantan las audiencias e investigaciones correspondientes.

A su turno, Carlos Negret, defensor del Pueblo, solicitó premura en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos ocurridos y castigar a los responsables, señalando que la Defensoría del Pueblo hace actualmente las veces de defensor público de la menor de 15 años.

La mujer, perteneciente a la etnia Nukak Makú, resultó agredida por un grupo de uniformados en el departamento de Guaviare a comienzos del 2019, y solo hasta el mes de octubre se revisó el caso.

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Con respecto al anterior hecho se siguen adelantando funciones de orden administrativo en el correspondiente batallón. Otra parte de los implicados o señalados ya se encuentra fuera de la institución, en tanto al momento de los hechos prestaban su servicio militar en dicha facción de la fuerza pública.

Carrillo Flórez rechazó que actualmente Colombia ocupe el quinto lugar en la región en términos de impunidad frente a casos de abusos sexuales.