Mucho trino, poco gobierno: el país que recibe Abelardo

El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella llegará a la Casa de Nariño con un país que no terminó dividido por casualidad. Es producto de cuatro años marcados por decisiones que profundizaron la polarización, debilitaron la confianza en las instituciones y dejaron abiertos problemas que hoy condicionan el inicio de un nuevo gobierno. Los resultados de la segunda vuelta reflejan esa realidad: apenas 250.000 votos separaron al presidente electo del candidato del Pacto Histórico, 12,9 millones de votos frente a 12,7 millones. Esa diferencia demuestra que el país sigue partido prácticamente en dos y que, así como la fractura política acompañará al nuevo presidente desde el primer día de su mandato, también lo harán los desafíos que deja el gobierno saliente: deterioro de la seguridad, panorama fiscal mucho más estrecho, crisis en el sistema de salud, relaciones internacionales tensionadas y confianza institucional profundamente golpeada.

En materia de seguridad, encontrará uno de los panoramas más complejos de los últimos años. El cuatrienio termina con cerca de 54.866 homicidios acumulados, la cifra más alta de la última década: 3.559 más que durante el gobierno Duque y 5.799 más que el segundo mandato de Juan Manuel Santos, con tasas anuales entre 27 y 28 homicidios por cada 100.000 habitantes, las más elevadas en años, sin contar otras modalidades de violencia. Solo en los primeros cinco meses de este año, ya se registraban cerca de 200 masacres, mientras la extorsión y el secuestro volvían a mostrar una tendencia creciente. Las cifras preocupan por sí solas, pero también por las decisiones que marcaron la política de seguridad durante estos cuatro años. Hay un sinfín de actuaciones de este nefasto Gobierno que habrían terminado beneficiando a organizaciones criminales. Por ejemplo, la presunta “promesa” que Danilo Rueda, alto comisionado de paz, planteó al Clan del Golfo para la suspensión de bombardeos, la revisión de operaciones militares y la posibilidad de frenar extradiciones como parte de un eventual proceso de acercamiento. A ello se suman la suspensión de algunas extradiciones de cabecillas solicitados por Estados Unidos y la reducción del presupuesto de Defensa de $606.000 millones, que impactó el mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de combustible y la capacidad tecnológica de las Fuerzas Militares. Así las cosas, recuperar la autoridad del Estado en los territorios será, sin duda, uno de los mayores retos del gobierno que comienza.

Por otro lado, la situación económica también deja mucho que desear. Más allá de las cifras macroeconómicas, el problema es que habrá menos margen para invertir, ejecutar proyectos y responder a las necesidades de los colombianos. El déficit fiscal del Gobierno Nacional pasó de 3,2 billones de pesos en 2023 a 63 billones en 2025, mientras la nómina estatal aumentó en 22,7 billones de pesos con cerca de 130.000 nuevas vinculaciones, pues usaron su maquinaria estatal para hacer campaña. Como si fuera poco, el Banco de Bogotá advirtió que el Ministerio de Hacienda ya utilizó el 78 % del cupo de emisión de TES previsto para 2026, dejando disponibles apenas 19 billones de pesos frente a necesidades superiores a los 30 billones. En otras palabras, el próximo presidente tendrá que administrar un país con muy poco espacio para gastar y con muchas cuentas pendientes por pagar.

Asimismo, nos han dejado un sistema de salud deshecho y quebrado. Durante este periodo, el Gobierno presentó tres proyectos de reforma sin conseguir el respaldo suficiente en el Congreso, mientras los problemas del sistema continuaron acumulándose. Una muestra de ello es el aumento de las tutelas por vulneración del derecho a la salud, que crecieron 17,9 % entre el segundo y el tercer año de gobierno, al pasar de 265.000 a 312.500. A esto se suman las intervenciones de EPS como Nueva EPS, Sanitas y Famisanar, entidades que concentran cerca de 18 millones de afiliados. Detrás de esas cifras hay millones de personas que hoy enfrentan incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos y el acceso oportuno a los servicios médicos. Como siempre, en salud hubo tiempo para pelear, pero nunca para resolver.

En política exterior, Petro tampoco deja un terreno fácil. Durante cuatro años puso sus afinidades y diferencias ideológicas por encima de los intereses estratégicos del país, desgastando la relación con varios de los principales aliados de Colombia. La relación con Estados Unidos llega especialmente tensionada y, como si fuera poco, decidió cerrar su mandato insinuando, sin presentar pruebas, que el presidente Donald Trump intervino en las elecciones para favorecer a Abelardo de la Espriella. Una cosa es defender la soberanía nacional y otra muy distinta convertir la política exterior en un escenario para confrontaciones personales o discursos ideológicos. El nuevo gobierno tendrá que reconstruir una relación basada en el respeto mutuo y en los intereses de Colombia, no en los estados de ánimo del presidente de turno.

Y como si el país que deja no fuera suficiente, también quedó claro quién va a mandar en la oposición. No será Iván Cepeda, será Gustavo Petro. Cepeda ni siquiera intentó asumir ese liderazgo, pues se hizo a un lado y confirmó lo que todo el país ya sabía: en el petrismo solo hay espacio para un jefe. Petro dejará la Presidencia, pero no está dispuesto a salir del centro de la política. Después de entregar un país con más problemas que soluciones, ¿de verdad cree que lo que Colombia necesita son otros cuatro años de trinos eternos, peleas diarias y confrontaciones con quien piense distinto? ¿En qué momento va a asumir alguna responsabilidad por el país que deja? Porque una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es negarse a aceptar que los colombianos decidieron pasar la página. Colombia necesita una oposición firme, responsable y capaz de ejercer control político; no un expresidente empeñado en seguir gobernando desde las redes sociales como si los colombianos no hubieran hablado en las urnas.

Finalmente, gobernar siempre deja aciertos y errores, pero hay gobiernos que también dejan problemas que tardan años en corregirse. Esa será la realidad que encontrará Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Recuperar la seguridad, ordenar las finanzas públicas, estabilizar el sistema de salud, reconstruir la confianza de los aliados internacionales y volver a unir un país profundamente dividido no serán tareas de cien días ni de un año. Ese será el costo del “gobierno de la vida”, que prometió cambiar la historia y terminó hipotecando buena parte del futuro de Colombia.