Procuraduría advierte grave deterioro financiero y operativo en Nueva EPS tras su intervención
De acuerdo con la evaluación, los efectos de la intervención han sido negativos y han agravado de manera sostenida la capacidad de la entidad.
Noticias RCN
10:28 a. m.
Un diagnóstico reciente de la Procuraduría General de la Nación reveló un profundo deterioro en la situación financiera, administrativa y asistencial de la Nueva EPS, tras la medida de intervención forzosa administrativa.
Procuraduría advierte grave deterioro financiero de la Nueva EPS
De acuerdo con la evaluación, los efectos de la intervención han sido negativos y han agravado de manera sostenida la capacidad de la entidad para garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de afiliados.
El informe señala que, luego de la intervención, la Nueva EPS pasó a operar con un déficit estructural, al registrar gastos superiores a sus ingresos. Mientras que en 2022 los costos de prestación de servicios de salud representaban el 95,6% de los ingresos, en 2023 esa cifra se elevó al 121%.
Para 2024, aunque el indicador bajó, se mantuvo en niveles críticos al ubicarse en el 104%. La tendencia, según el diagnóstico, evidencia un agravamiento continuo de la situación, a la espera de conocer los resultados finales de 2025.
A nivel financiero, la Procuraduría advirtió que la entidad mantiene estados financieros sin certificar y un incremento acelerado de sus pasivos corrientes, que crecieron un 229% entre 2022 y 2024, al pasar de 5,4 billones de pesos a 17,8 billones de pesos.
En paralelo, el patrimonio de la Nueva EPS sufrió un desplome significativo, al pasar de un saldo positivo de 445 mil millones de pesos antes de la intervención, a una cifra negativa cercana a los 4,4 billones de pesos dos años después.
El informe también da cuenta de una pérdida casi total de la capacidad operativa y administrativa de la entidad. Actualmente, la Nueva EPS acumula más de 13,5 millones de facturas sin auditar, lo que refleja serias fallas en sus procesos internos y en la gestión de pagos a la red de prestadores y proveedores de servicios de salud.
En el ámbito asistencial y judicial, el panorama es igualmente crítico. Para 2025 se proyecta la presentación de más de 131.000 acciones de tutela en contra de la entidad.
A ello se suma la acumulación de más de 33.000 incidentes de desacato, lo que, según la Procuraduría, evidencia que ni siquiera las órdenes judiciales están logrando garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud para los afiliados.
En conclusión, el diagnóstico del Ministerio Público advierte que, tras dos años de intervención, la Nueva EPS perdió su capacidad financiera, administrativa y operativa, lo que compromete gravemente la garantía del derecho a la salud y plantea serios cuestionamientos sobre la eficacia de la medida adoptada.
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