Abogado de la familia de Miguel Uribe le hizo una solicitud a la justicia: “Máxima condena”
El abogado afirmó que el preacuerdo con ‘El Viejo’ es un gran paso, pero se debe resolver la situación de ‘El Costeño’.
Nicolás Martínez Sánchez
07:08 p. m.
En las últimas horas, se avaló el preacuerdo de Simeón Pérez Marroquín, pieza clave en la planeación que hubo detrás del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. El crimen se dio en la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, Bogotá.
Las investigaciones revelaron que junto a Elder José Arteaga (alias El Costeño o Chipi), Marroquín, más conocido como ‘El Viejo’, estuvieron detrás de la planeación, incluyendo impartir las órdenes para el resto de implicados.
Preacuerdo con ‘El Viejo’: 22 años de cárcel
Particularmente con ‘El Viejo’, vigiló algunos meses antes (en marzo) al congresista mientras estaba en una reunión de carácter político en el suroccidente de Bogotá. De este día, tomó fotos.
Otro rol fue estar en contacto con Katherine Andrea Martínez para darle la pistola modificada. La persona que disparó se llama ‘Tianz’ y ya cuenta con sentencia sancionatoria, teniendo en cuenta que es menor de edad.
Después del magnicidio, le dio dinero y un celular a Martínez para que escapara al Caquetá, donde iba a encontrarse con la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc. Con el grupo, iba a aprender habilidades para disparar como francotiradora y utilizar drones.
Pide que haya juicio contra ‘El Costeño’
El preacuerdo avalado permitió condenarlo a 22 años y cuatro meses de prisión (268 meses). Víctor Mosquera, abogado que representa a la familia de la víctima, respaldó la decisión; pero le dejó un mensaje a la justicia.
Fiscalía acusa formalmente a alias Chipi de articular el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
Con respecto al preacuerdo, sostuvo que es un “paso estructural para el esclarecimiento”. Sin embargo, pidió que se defina la situación jurídica de ‘El Costeño’, la punta de la estructura y el único capturado que no ha colaborado con las autoridades.
“Solicitamos formalmente que su situación jurídica sea definida en juicio, garantizando un escenario de contradicción probatoria pleno, publico y transparente. Asimismo, exigiremos que se imponga la máxima condena prevista en el ordenamiento jurídico”, expresó al pedir que haya juicio.
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