Abren investigación disciplinaria contra ocho suboficiales por caso de niña Nukak Makú

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra ocho miembros del Batallón de Infantería de Selva n.° 19 ‘General Joaquín París’, acantonado en San José del Guaviare, por la presunta retención ilegal y acceso carnal violento, entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, de una niña de la comunidad indígena Nukak Makú.

La decisión cobija al sargento segundo Jhon Alex Trujillo Torres, el cabo tercero Diony Santos León, y los soldados regulares Cristian Albeiro Fernández Montoya, Ómar Duván Martínez Quintero, José Fernando Ramírez Rentería, Andrés Alfonso Ortiz Muñoz, José Luis Mendoza Castañeda y Dariem Leonardo Sánchez Sierra.

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Según la denuncia, entre el 8 y el 13 de septiembre de 2019, una niña de 15 años, del asentamiento La Esperanza, del resguardo Nukak en la vereda Charras, en San José del Guaviare, fue llevada por un hombre de un establecimiento comercial a una base militar, donde la habría mantenido encerrada en una habitación y sometido a abusos por él y otra persona hasta que logró escapar.

El Ministerio Público ejerció el poder preferente y designó a la delegada para Defensa de los Derechos Humanos para asumir la indagación preliminar iniciada en octubre por el Batallón de Infantería de Selva n.° 19 ‘General Joaquín París’ del Ejército.

“Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño y la obligación de asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y abuso, para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el proceso que por los mismos hechos inició la Procuraduría Regional Guaviare”, señaló en un comunicado el ente de control.

Entre los argumentos que se tuvieron en cuenta para encargar a la Delegada de este proceso figuran el que las conductas investigadas correspondan a faltas gravísimas que pudieran ser violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, entre las cuales se encuentra el posible sometimiento a privación de la libertad y/o actos contra la libertad, integridad y formación sexual.

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Con respecto a las pruebas decretadas, el ente de control solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seccional Guaviare, copia de las labores preventivas y/o procesos administrativos de restablecimiento de derechos adelantados con ocasión de los actos contra la libertad, integridad y formación sexual de los que pudo haber sido víctima la menor indígena, así como copia del proceso que por estos hechos adelanta la Fiscalía General de la Nación.

La Procuraduría estableció que los padres de la menor pueden intervenir como sujetos procesales, si así lo desean. Por su parte, los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.