Tienen 24 horas para dejar el municipio o serán ajusticiados: así eran las amenazas a funcionarios judiciales en Tuluá

Funcionarios judiciales, fiscales y jueces recibían amenazas por parte de algunos miembros de grupos armados ilegales que buscaban afectar las elecciones del 29 de octubre en el municipio de Tuluá.

En un trabajo especializado del CTI de la Fiscalía y la delegada de seguridad territorial fueron capturadas una pareja de esposos como presuntos articuladores de las amenazas. En audiencia, el fiscal del caso reveló algunas de las intimidaciones:

“Les dan 24 horas para dejar el municipio, para dejar la ciudad de Tuluá o comenzarán a ajusticiarlos. Que los que ejercen control territorial les pongan orden a sus hijos sino los quieren ver en cajas de madera”. 

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Estas amenazas contra los servidores públicos subían de tono mes a mes. Según indicó el fiscal: “Las advertencias de renunciar o irse del municipio, se ajusticiará a cada funcionario. En dicho comunicado manifiestan que esos servidores son alcahuetas de la ‘oficina’ y que también los declaran objeto militar a los medios de comunicación”.

En los allanamientos, realizados el 28 de septiembre, en un inmueble ubicado en Tuluá, fueron encontrados los panfletos con los que amenazaban a los fiscales, celulares, discos duros e impresoras, incluso llegaron a afectar con explosivos sedes judiciales.

El fiscal resaltó que la autonomía judicial es intocable y mucho más cuando se trata de fines electorales: “Están logrando el cometido las organizaciones criminales y es que la rama judicial se aparte de las elecciones”.

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Los detenidos aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, en calidad de coautores.  El juez impuso medida de aseguramiento y pidió respeto e independencia judicial.

Alerta por amenazas a jueces y fiscales en Tuluá

Desde que se conocieron las intimidaciones y tras el atentado con explosivos perpetrado el 12 de septiembre contra la sede de los juzgados penales del municipio, diferentes entidades se pronunciaron, entre ellas la Corte Suprema de Justicia que pidió protección para los servidos judiciales.

“La Corte Suprema de Justicia demanda una respuesta interinstitucional urgente de las autoridades competentes y los organismos de seguridad y protección del Estado”.

Agregó que la solución debe comprender la “garantía de la vida e integridad de los servidores judiciales amenazados, el ejercicio autónomo e independiente de la función judicial en todo el país y salvaguarda de las sedes de la justicia”.

El 15 de septiembre se llevó a cabo una mesa de seguridad en la que se lograron importantes acuerdos como la seguridad que prestará la Policía Nacional prestará seguridad a los jueces que han sido amenazados hasta que la Unidad Nacional de Protección adopte las medidas del caso.

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Además, se reforzó la seguridad en todas las sedes judiciales de la ciudad y se activó un plan padrino para todos los jueces del circuito de Tuluá.

También se definió que los funcionarios judiciales sí participarán en los escrutinios de las elecciones que se llevarán a cabo el 29 de octubre y se prestará seguridad a los servidores judiciales que participen en la jornada.

“La presidente del Tribunal Superior de Buga, Consuelo Piedrahita Álzate, se comprometió con el ejercicio legal de crear la comisión de claveros y escrutadores para las elecciones del 29 de octubre de 2023 y se prestará seguridad a los servidores judiciales que participen en dicha jornada”, se lee en el comunicado tras la reunión.