Cifras rojas en el Catatumbo: 9.000 familias desplazadas por la violencia en esta zona del país

A un año de que se agudizara la crisis de orden público en el Catatumbo, el panorama en la capital de Norte de Santander es desalentador.

A pesar de los anuncios de inversión que superan los $53.000 millones de pesos para la atención de víctimas en 2025, la realidad en las calles de Cúcuta cuenta una historia distinta: la de una ciudad que recibe a miles, pero que no logra integrarlos.

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En Noticias RCN, conversamos con Ludi Páez Ortega, personera de Cúcuta, quien analiza con preocupación el desbordamiento de las capacidades locales.

¿Cómo se explica desde su despacho que, pese a esas inversiones, la integración local en Cúcuta siga un tanto estancada?

"Frente a esa pregunta indiscutiblemente, yo tengo que hablar de que a tres de marzo, hace un año, el dieciocho de enero iniciaron los cierres de ocho municipios del Catatumbo y esto el tres de marzo hicimos el cierre de esos masivos y ya después de eso empezaron a llegar en forma individual las personas, pero hasta el cierre de esos masivos teníamos cerca de más de veinticinco mil personas, un poco más de nueve mil familias", dijo.

"Hoy, después de ese tres de marzo, hasta diciembre, hasta finales de diciembre de este año, estamos hablando de cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco personas que han llegado a Cúcuta, más de noventa y un mil dieciocho".

"Es importante aclarar que después de tres meses de haber tenido la presencia de la información, la unidad de víctimas, la ETA, hace una validación de esa información y procedió a muchos de esas personas; no sabría decirle en qué cantidad porque esa información solamente la tiene la unidad, hacerle un reconocimiento en dinero, de una especie de indemnización, de colaboración, de apoyo, para poder solventar algunos gastos a las personas que fueron desplazadas en ese momento. Bueno, personera, en dos mil veinticinco se reportaron decenas de líderes firmantes de paz desplazados desde el Catatumbo, que al llegar a Cúcuta, habían dicho que, pues, las rutas ya de protección, pues, eran un tanto inoperantes".

¿Qué acciones concretas ha liderado ante el Ministerio Público para garantizar que Cúcuta no sea solo un receptor de desplazados, sino un lugar seguro?

"La mayoría de ellos no lo recibimos nosotros, lo recibió directamente la Defensoría del Pueblo, y la garantía de poder reubicarla tenían totalmente. Aparte de que el Gobierno Nacional, desde hace muchos años, le proporciona a los firmantes un ingreso fijo que permite que ellos puedan tener allí la solvencia por algunos gastos personales, de tal suerte que, en ese momento, lo que se estaba buscando era garantizar la seguridad de ellos en algún otro sitio que ellos pudieran escoger. Entonces, creo que eso se hizo. Poder evitar que estén en un sitio donde pudiera haber presencia de grupos, al margen de la ley, de otro orden diferente al que ellos habían venido a enfrentar, es bastante difícil, para decirlo. Nosotros, la mayoría de las personas, no dejó una dirección, un teléfono, no dejó una dirección exacta donde se iban a ubicar, sino simplemente habló de red de apoyo familiar o de amigos".

¿Qué ha fallado o qué ha hecho falta? Porque el Catatumbo sigue en la misma situación de hace un año

"La presencia real del gobierno nacional. No se trata solamente de que la unidad de víctimas, que quien ha hecho la intervención ya, para poder proceder a las indemnizaciones, hacer ese acompañamiento, esa coactivancia, esto lo haga. No, absolutamente todos los ministerios, no hacer presencia física acá. Cada ministro, es hacer presencia con inversión y poder asegurar que la gente que dejó en el Catatumbo tirado toda su vida, que le tocó salir dejando todos sus sueños, sus trabajos, sus grandes esfuerzos, su tierra, pueda volver con garantías de seguridad, de dignidad, y que sea voluntario ese retorno. Entonces, creo que esa es la responsabilidad del gobierno central".