CNE y Registraduría tienen 5 días hábiles para presentar plan que garantice las presidenciales

Luego de la primera jornada electoral de Colombia, que se llevó a cabo el pasado 13 de marzo, se presentaron más de 400 denuncias por irregularidades en el preconteo y el diligenciamiento de los formularios E-14. 

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Entre las irregularidades que más se destacan son errores en la inscripción de cédulas, compra de votos y constreñimiento al elector.

Por eso, en las últimas horas se conoció que la procuradora general, Margarita Cabello, hizo varios requerimientos en materia electoral para blindar las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 29 de mayo. 

“La procuradora Margarita Cabello requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que informe, en el término de 5 días, el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales que permita, de forma preventiva, eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado 13 de marzo”, se lee en el documento. 

Entre tanto, la Misión de Observación Electoral expresó su preocupación frente a lo que dijo el registrador nacional, Alexander Vega en entrevista con Noticias RCN, sobre el problema del reconteo y la responsabilidad de los jurados de votación. 

“El señor registrador o Disproel, alguno de los dos tiene que contestar porque estamos poniendo el foco donde está la responsabilidad menor, pero donde está la responsabilidad mayor, estamos obviando preguntas que siguen estando vigentes”, señaló Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

El organismo también señaló que, para las elecciones del 29 de mayo, las condiciones de credibilidad deben garantizarse, para evitar que se generen nuevas dudas en los resultados. 

Cabe mencionar que el registrador Alexander Vega habló en Noticias RCN de lo ocurrido en las elecciones de Congreso y dijo que 23.000 formularios fueron mal diligenciados. Además, aseguró que no tiene intenciones de renunciar porque tiene una responsabilidad con el país y que está en su deber “responder por el proceso presidencial a la ciudadanía”. 

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