¿Cómo es el modelo de cárcel que el sector privado propone al Gobierno Nacional?

Se trata de una cárcel con puertas controladas electrónicamente, videovigilancia, supervisión profesional las 24 horas y equipos especializados para la resocialización.


¿Cómo es el modelo de cárcel que el sector privado propone al Gobierno Nacional?
Foto: Confevip

Yhonay Díaz

octubre 30 de 2026
01:36 p. m.
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Una cárcel con sistemas electrónicos para controlar puertas y esclusas, herramientas de videovigilancia, supervisión remota y personal especializado en custodia y resocialización.

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Estos son algunos de los componentes del modelo penitenciario que presentó Confevip, el gremio de la seguridad privada, como alternativa para desarrollar nueva infraestructura carcelaria en Colombia mediante alianzas público-privadas (APP).

La iniciativa fue expuesta por Hugo Acero durante el IX Congreso Internacional de Seguridad de Confevip, un encuentro que reunió a empresarios y expertos para analizar los desafíos del país en materia de seguridad y justicia.

La propuesta plantea que el sector privado participe en la financiación, construcción, operación y mantenimiento de nuevos establecimientos penitenciarios, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

El planteamiento llega en momentos en que el Ejecutivo ha anunciado su intención de construir 10 nuevas cárceles. Frente a ese objetivo, el gremio considera que las capacidades empresariales, administrativas y tecnológicas de sus compañías y aliados internacionales podrían contribuir al desarrollo de estos proyectos.

“El país requiere infraestructura y por eso la alternativa de desarrollarla a través de financiamiento público-privado es posible”, afirmó Acero durante su intervención.

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Tecnología para controlar las nuevas cárceles propuestas

Uno de los principales elementos del modelo es la incorporación de herramientas tecnológicas para supervisar las actividades dentro de los centros penitenciarios y fortalecer los procedimientos de seguridad.

La propuesta contempla controles electrónicos para puertas y esclusas, sistemas de videovigilancia y mecanismos de supervisión remota.

Como referencia, Acero mencionó la experiencia de la Cárcel Distrital de Bogotá, donde explicó que la operación electrónica permite separar las funciones de vigilancia de las autorizaciones y ejecuciones de determinadas aperturas.

La guardia no maneja puertas, la guardia no maneja esclusas, la guardia no maneja cámaras.

El sistema también permitiría dejar registros de aperturas realizadas por fuera de los horarios establecidos y generar alertas para que sean revisadas. De esta manera, la tecnología no solo estaría orientada a controlar los movimientos dentro de las instalaciones, sino también a supervisar el cumplimiento de los protocolos por parte del personal responsable.

¿Cómo es el modelo de cárcel que el sector privado propone al Gobierno Nacional?

Otro de los recursos mencionados fue la posibilidad de incorporar sistemas de inhibición de señales. Según explicó Acero, existen desarrollos que permitirían concentrar su funcionamiento dentro del establecimiento sin afectar a las comunidades cercanas.

Estas herramientas formarían parte de una estructura con procedimientos definidos de administración, vigilancia y disciplina interna, bajo control estatal y con respeto por los derechos humanos.

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El llamado al Gobierno Nacional y a los empresarios

Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, destacó la iniciativa y convocó a las empresas del sector a explorar su participación como inversionistas y administradoras de estos proyectos.

Esto es un gran avance, un paso gigante.

El gremio busca poner a disposición del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales la experiencia de sus empresas asociadas y de aliados internacionales en construcción, tecnología, gestión y mantenimiento de infraestructura penitenciaria.

Por ahora, la propuesta constituye una invitación a abrir un espacio de trabajo con las instituciones para estudiar sus condiciones técnicas, administrativas y operativas.

El objetivo es evaluar cómo podría desarrollarse la participación público-privada en los planes de ampliación carcelaria del país.

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