Condenan a funcionario de la rama judicial por desviar procesos penales en Bogotá

La condena a la que fue sentenciado Justo Reinaldo Arias Omaña es de nueve años y ocho meses, y una multa cercana a los 700 millones de pesos, por los delitos de acceso abusivo a sistema informático y daño informático. 

Aunque los cargos parecen ser simples y ocurrieron en 2015, en realidad obedecen a la desviación de dos casos de procesados que resultaron siendo favorecidos con rebajas de penas e inimaginables beneficios tras cometer graves delitos. 

Según, la Fiscalía, el ingeniero, llegó supuestamente a la sede judicial para realizar una auditoria o revisar las instalaciones, pero, su propósito era otro.

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Fue hasta 2018 cuando Arias Omaña fue detenido por efectivos de la Fiscalía luego de que en su poder reposaran pruebas suficientes para demostrar que, el entonces ingeniero informático, desvió el expediente de un hombre condenado por tráfico de estupefacientes, esto en el departamento del Meta. 

Respecto a este caso se conoció que el proceso penal fue enviado a un juez de ejecución de penas en la capital del país quien eliminó una parte del expediente, le brindó prisión domiciliara y hasta permiso de trabajo al acusado. Por esta labor el beneficiado pagó a la red, integrada por Justo Reinaldo, una suma de $250 millones de pesos.

"Este descarado ingeniero informático que trabajó en la rama judicial, impuso tarifas especiales a los paramilitares para concederles casa por cárcel, sin ser abogado, sin haber leído el código penal, ni mucho menos de sustanciar un proceso".

Así, calificaron sus compañeros de trabajo a uno de los funcionarios más corruptos que en los últimos años trabajó en la unidad informática de la dirección ejecutiva Nacional de la administración judicial.

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Otra situación en la que intervino Arias se presentó cuando él estaba de vacaciones e ingresó al sistema de reparto de la rama judicial para la que trabajaba, y allí con el usuario de otro funcionario dirigió una condena por lavado de activos al mismo despacho de ejecución de penas en Bogotá. Por los beneficios este sentenciado tuvo que pagar unos $30 millones. 

"La Fiscalía General de la Nación demostró, en juicio, que Justo Reinaldo Arias Omaña hizo parte de una red criminal, conformada por funcionarios y particulares, que alteró y direccionó el sistema de reparto de los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para favorecer a personas condenadas por diferentes delitos", señaló Eduar Alirio Calderón Muñoz, director especializado contra la corrupción.