Condenados bananeros de EE. UU. que financiaron con 1,7 millones de dólares a paramilitares de las AUC
Es la primera sentencia contra ejecutivos de Chiquita Brands en Colombia después de un proceso judicial de 17 años.
AFP
10:00 p. m.
La justicia colombiana condenó el miércoles 23 de julio a a siete exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands a más de 11 años de prisión y el pago de una multa de 3,4 millones de dólares por financiar a grupos paramilitares durante el conflicto armado interno.
Se trata de la primera sentencia contra ejecutivos de Chiquita Brands en Colombia, luego de que la justicia estadounidense fijara en 2024 una millonaria indemnización para víctimas de la guerra.
Un tribunal del departamento de Antioquia halló culpables a los siete acusados por el delito de concierto para delinquir agravado por sus vínculos en la región bananera de Urabá con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de múltiples crímenes durante la peor época del conflicto.
¿Quiénes son los exejecutivos bananeros condenados por financiar a las AUC?
Entre los condenados están tres exdirectivos que ocuparon la gerencia general de la compañía en Colombia entre 1990 y 2004. Uno de ellos es el estadounidense Charles Dennis Keiser; así lo indicó la Fiscalía:
El fallo es contra los también exdirectivos de Banadex y Banacol: John Paul Olivo, José Luis Valverde Ramírez, Fuad Alberto Giacoman Hasbún, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Álvaro Acevedo González.
Otros tres antiguos altos cargos fueron absueltos: Víctor Henríquez Velázquez, Javier Ochoa y Jorge Cadavid, quienes hacían parte de Banacol, empresa que "hace parte de la estructura corporativa que adquirió en el año 2004 las empresas colombianas que eran propiedad de la multinacional (Chiquita Brands), indicó la defensa de los tres exjecutivos que quedaron fuera del proceso.
Los nexos de los ejecutivos bananeros con las AUC
La justicia colombiana considera que la multinacional transfirió unos 2 millones de dólares a las extintas AUC, de extrema derecha, entre las décadas de 1990 y 2000.
Los recursos que la empresa entregó a las AUC "fueron destinados para financiar la expansión del paramilitarismo en la región", lo que facilitó el accionar de los paramilitares que cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas contra líderes sociales y campesinos de la zona, dijo la fiscalía.
Desde que empezó a ser investigada en Estados Unidos, la empresa alega haber sido víctima de extorsiones y ha dicho que los pagos se hicieron para proteger a su personal.
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