Contraloría alerta por contratación de $4,55 billones tras Ley de Garantías
El informe identifica siete factores de riesgo, entre ellos la insuficiente planeación financiera de contratos de alta cuantía.
Noticias RCN
03:42 p. m.
La Contraloría General de la República presentó un informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.
El análisis evidencia un incremento del 22,5 % en la contratación frente al mismo periodo de hace cuatro años, tras la suspensión de la restricción de la Ley de Garantías.
En total, se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, de los cuales más de 11.000 corresponden a contratación directa en las últimas cuatro semanas. La entidad alertó sobre riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
Presiones fiscales y riesgos de sostenibilidad
El informe advierte que el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación.
En este contexto, la Contraloría enfatizó que toda decisión contractual debe estar respaldada por disponibilidad presupuestal y sostenibilidad fiscal, para evitar comprometer el equilibrio del Presupuesto General de la Nación.
La entidad recordó que adoptar transferencias, asignaciones presupuestales o nuevos compromisos financieros sin fuentes ciertas de financiación profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno, incrementa las necesidades de endeudamiento y puede afectar el patrimonio público.
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Función de Advertencia: siete factores de riesgo
La Contraloría activó la Función de Advertencia, mecanismo preventivo que busca evitar pérdidas de recursos públicos y responsabilidades fiscales.
El informe identifica siete factores de riesgo, entre ellos la insuficiente planeación financiera de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración contractual.
La entidad subrayó que la gestión fiscal no se limita a ejecutar recursos, sino a garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible.
Por ello, la advertencia se dirige al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y a los ordenadores del gasto, instando a adoptar criterios de prudencia fiscal, planeación y sostenibilidad en el uso de los recursos públicos.
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