Corte Suprema de Justicia deja en firme orden de captura internacional contra Carlos Ramón González
González, actualmente prófugo de la justicia y con circular roja de Interpol, es investigado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Noticias RCN
12:08 p. m.
Este martes 28 de octubre se conoció que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Dejan en firme orden de captura contra Carlos Ramón González
Esto, al negar la tutela con la que buscaba suspender la medida de aseguramiento que pesa en su contra por presunta participación en graves delitos de corrupción.
González, actualmente prófugo de la justicia y con circular roja de Interpol, es investigado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Según la investigación, cuando era director del Dapre habría ofrecido dinero y manejo de contratos públicos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, a cambio de apoyo político a proyectos de ley del Ejecutivo.
Los hechos se habrían concretado en septiembre de 2023, cuando González, según los testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, coordinó la entrega de más de 4.000 millones de pesos en sobornos, dinero que habría provenido de contratos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira.
En julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión confirmada en septiembre por la Sala Penal del mismo tribunal.
González interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema argumentando violaciones a sus derechos fundamentales, cuestionando la legalidad de la medida y pidiendo la suspensión de la circular roja emitida por Interpol.
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Sin embargo, la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, concluyó que la medida fue impuesta de manera ajustada a derecho y que no se evidenciaron violaciones al debido proceso ni defectos en la valoración de las pruebas.
La Corte resaltó que los argumentos de la defensa ya habían sido analizados por los jueces competentes y que la acción de tutela no puede usarse como un recurso adicional para revocar decisiones judiciales.
En conclusión, el alto tribunal negó el amparo solicitado y ratificó la vigencia de la orden de captura internacional.
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