¿Cuál es la legalidad de las recomendaciones políticas en cargos públicos?
Los analistas de la Mesa Ancha debatieron este 19 de febrero la legalidad de las recomendaciones políticas para cargos públicos. Esto, luego de la polémica lista que compartió el ministro Luis Carlos Reyes.
Todo un escándalo se ha desatado en el país luego de las declaraciones que hizo Luis Carlos Reyes, actual ministro de Comercio, sobre nombramientos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
La polémica lista que reveló el ministro Luis Carlos Reyes
Reyes entregó a la Fiscalía un listado de personas que habrían ido a su oficina cuando ejercía como director de la Dian a pedir puestos en la entidad.
Desde congresistas del Centro Democrático y otros partidos, hasta funcionarios.
Esto ha encendido un debate sobre la legalidad y ética de estas prácticas en cargos públicos y en la Mesa Ancha de este 19 de febrero, los analistas debatieron el tema.
Según el invitado Nicolás Botero, presidente de FedeSeguridad, la mera recomendación no constituye un delito. Sin embargo, se vuelve problemática cuando está vinculada a un intercambio de favores, beneficios personales o actividades indebidas.
La cuestión de fondo se centra en cómo el poder político se traduce en influencia dentro de instituciones públicas mediante cuotas o recomendaciones estratégicas.
“En principio la sola y mera recomendación no podría ser un delito, es lo que hay detrás. Es cuando yo tengo una transacción detrás de la recomendación, cuando yo voy a obtener un beneficio después de la recomendación, cuando la persona que recomiendo va a ir a hacer a una actividad indebida (…) pero si es muy raro por los perfiles de quienes recomiendan, los perfiles de los recomendados”, indicó Botero.
Cabe mencionar que este fenómeno de las cuotas políticas no es nuevo en Colombia, pero ha alcanzado dimensiones preocupantes, sobre todo con el caso alias Papá Pitufo, quien, durante décadas, colocó funcionarios leales en la DIAN para controlar los importantes puertos del país.
Así lo mencionó Juana Afanador, panelista de la Mesa, quien aseguró que actualmente “tenemos muy normalizadas las cuotas políticas. No son delitos, pero si hay un problema y una tensión muy grave porque ahí hay un ejercicio (...) Si yo soy congresista, ministro o estoy en un cargo político, tengo el derecho de pedir a cambio puestos en las instituciones que me interesa para tener influencia dentro de ellas. Necesito que esas personas estén y me respondan a mí”.
Lo que reveló la polémica lista que compartió el ministro Luis Carlos Reyes
“Eso fue lo que pasó con el caso de Papá Pitufo en la Dian, son 20, 30 años de él tener funcionarios y cuotas dentro de una institución importantísima para así controlar los puertos colombianos más grandes”, añadió.
Por su parte, Julio Iglesias, señaló que un detalle importante que se reveló en medio de este escándalo tiene que ver con la gestión del contrabando en la administración anterior de la Dian.
"Voy a resaltar otro aspecto que me pareció muy grave de los trinos del ministro Reyes. Él dice que básicamente engabetó durante su gestión en la DIAN los procesos contra el contrabando porque no confiaba en el anterior fiscal ¿Qué es lo que está queriendo decir Reyes con esto? ¿Qué antes no fluían los procesos contra el contrabando en la DIAN porque había un fiscal políticamente adverso a él y a su Gobierno? Esto es un grado de pérdida de legitimidad de las instituciones", añadió.
Este caso no se halla aislado sino enmarcado en un ambiente preelectoral lleno de tensiones.
La revelación de la lista, en medio de otros escándalos gubernamentales, ilustra un escenario de “sálvese quien pueda”, donde los intereses personales y políticos predominan sobre el compromiso público.
El camino por seguir requiere una revisión minuciosa de las políticas antitransparencia en el ámbito público para asegurar que las recomendaciones no se conviertan en sinónimo de corrupción e influencia indebida.