¿Debería endurecerse la aplicación de la ley contra menores que cometen delitos en Colombia?
La discusión se centra en la suficiencia de las penas a menores por delitos graves y el papel del Estado en su resocialización.
La reciente decisión de imponer una sanción de siete años al menor involucrado en el magnicidio de Miguel Uribe ha encendido un acalorado debate sobre la justicia juvenil y la efectividad del sistema de sanciones para menores implicados en delitos graves.
En La Mesa Ancha, hablamos sobre la adecuación de las penas y el acompañamiento del Estado a los menores infractores.
La congresista Lina Garrido expresó su preocupación por la aparente brevedad de la sanción: "Siete años para un menor que asesinó a un líder político no generan ninguna composición en el dolor que sienten los colombianos".
Además, subrayó la necesidad de una reflexión sobre cómo se maneja la justicia juvenil en el país. La discusión se amplió a la instrumentalización de menores por parte de organizaciones criminales, poniendo en relieve el riesgo de que penas leves no disuadan ni prevengan futuras reincidencias.
Por su parte, Julio César Iglesias enfatizó que el marco legal actual de Colombia puede ser percibido como “laxo”, pero aclaró que no es responsabilidad de los jueces; pues es el marco legal que existe en el país.
¿Deben revisarse las sanciones contra los menores que delinquen?
Con los casos en otros países como Estados Unidos, donde menores pueden recibir penas significativamente más largas, se debate si Colombia debiera adoptar un enfoque más estricto.
La conversación también se centró en el papel del Estado en prevenir que los jóvenes caigan en la delincuencia. Lina Garrido destacó que más allá de la sanción, es crucial que el gobierno ofrezca oportunidades educativas y laborales a los jóvenes para evitar que tales delitos se conviertan en un camino fácil para ellos.
Por último, se plantea una pregunta: ¿deberían revisarse las sanciones a menores que cometen delitos graves?
¿Dónde está Valeria Afanador?
Otro de los temas tocados en La Mesa Ancha fue la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con Síndrome de Down, en Cajicá, Cundinamarca.
Sin duda, este caso ha puesto en evidencia graves fallas en los protocolos de búsqueda y protección de menores en Colombia. Según un informe de la Defensoría Regional de Cundinamarca, revelado por Noticias RCN, las autoridades cometieron errores críticos que podrían haber comprometido las posibilidades de encontrar a la menor.
Entre las fallas más graves señaladas por la Defensoría se encuentra la demora de tres horas por parte del colegio en informar a las autoridades sobre la desaparición de Valeria. Este retraso crucial podría haber dado ventaja a posibles captores o dificultado el rastreo inmediato de la niña.
Asimismo, el informe indica que la Fiscalía no activó oportunamente los protocolos de búsqueda terrestre ni alertó a Migración Colombia para vigilar posibles salidas del país. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tampoco implementó los mecanismos de protección inmediata que el caso requería.


