Defensoría criticó lenta implementación del Acuerdo de Paz: preocupa la violencia en las regiones
Para la Defensoría, son necesarias las garantías de seguridad en los territorios para que puedan haber restitución de tierras y reforma agraria, entre otros proyectos.
Noticias RCN
11:10 a. m.
La Defensoría del Pueblo presentó el VI Informe de Seguimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en el cual reveló cómo se ha implementado el acuerdo logrado con las Farc en 2016.
Pocos avances en restitución de tierras
El reporte mostró un panorama preocupante. A pocos meses de cumplir ocho años de la firma, hay falencias respecto a las obligaciones que tiene el Estado frente a su cumplimiento.
Por un lado, la Defensoría dijo que se requiere robustecer a las instituciones para que se emitan directrices y políticas públicas claras. También requirió actualizar los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI).
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El manejo de tierras ha sido otro aspecto sin los avances esperados. Según expuso el informe, subsiste la falta de claridad en las cifras, debido a que hay disparidad en la información conocida.
Cifras de la Defensoría apuntan que, de los 21.132 predios ingresados, solamente el 34.84% ha sido adjudicado. Además, de los más de 1.500 predios ofertados por Fedegan, solamente 26 cuentan con adquisición.
De la mano con este asunto, es preocupante que 2.730 solicitudes inscritas en el proceso de restitución de tierras no cuentan con avances. A la par, otras 16.995 están pendientes de microfocalización.
La violencia persiste contra defensores de derechos humanos
Sin dudarlo, el balance más negativo por la Defensoría tuvo que ver con la violencia. Casi ocho años después, no hay mejoría en la seguridad alrededor de las regiones: “Lamentablemente, persisten los escenarios de riesgo para lideresas, líderes y personas defensoras de derechos humanos”.
Durante los primeros cuatro meses de 2024, se registraron 57 homicidios contra defensores de derechos humanos. Para la entidad, debe haber garantías de seguridad en las regiones.
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Si no hay seguridad en los territorios rurales del país, no puede haber reforma agraria, tampoco sustitución de cultivos ilícitos por economías ilícitas, ni retorno de la población desplazada.
La Defensoría le hizo un llamado al Gobierno, pidiéndole que deben haber avances en la entrega, compra y formalización de tierras.
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